Un fallo judicial adverso reabrió las investigaciones sobre la Fundación Valdocco, dirigida por el sacerdote Juan Molina, actual candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. Una madre denunció públicamente maltrato infantil, separación forzada de sus hijos y presunto tráfico de menores.
La Fundación Valdocco, con sede en Santa Cruz y conocida en la provincia como “la fundación del horror”, vuelve a quedar expuesta tras nuevas decisiones judiciales y la reaparición de denuncias públicas que involucran al sacerdote Juan Molina, hoy candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. Los señalamientos combinan presuntos maltratos a niños, separaciones compulsivas de familias y el manejo opaco de recursos estatales.
Uno de los testimonios centrales fue emitido en 2024 por la radio Patagonia Al Mundo. Una madre afirmó que le retiraron a sus seis hijos y que solo pudo recuperar a cinco. Contó que, para tener contacto con ellos, aceptó trabajar como ayudante de cocina dentro del predio. En ese contexto dijo haber presenciado agresiones a su propio hijo y a otro menor de entre 11 y 13 años. Según su relato, ese niño ingresó a una habitación junto a Molina y salió con lesiones visibles en la cara, un ojo hinchado y marcas que le habrían quedado en el rostro por la presión de dedos. Cuando ella intentó intervenir para frenar la violencia, fue expulsada del lugar y, asegura, pasó más de dos años sin poder ver a sus hijos.
Pese a la difusión de aquellos dichos, la justicia provincial no citó a los testigos en ese momento. Incluso, en 2024 el juez Marcelo Bersanelli —ex cuñado de Máximo Kirchner— otorgó un recurso de amparo a favor de Molina frente a denuncias administrativas del Gobierno santacruceño. Ese escenario cambió en 2025, cuando un nuevo fallo dejó sin efecto la protección previa, respaldó el reclamo oficial y ordenó una auditoría con rendición de cuentas a la fundación.
El frente económico también quedó bajo sospecha. Las pesquisas señalan posibles irregularidades por más de 500 millones de pesos, con beneficiarios fallecidos que habrían seguido figurando como receptores de ayuda, docentes cobrando sueldos duplicados sin prestar funciones en la provincia y diferencias entre el número de niños wichí declarados y los efectivamente asistidos.
En paralelo, el abogado Matías Solano —defensor de Molina y ex asesor del Consejo Provincial de Educación durante la gestión de Chachi Velázquez— aparece vinculado a convenios millonarios con Valdocco. Se lo investiga por presuntas autorizaciones que habrían permitido la convivencia de adultos con menores de 6 a 9 años en espacios de rehabilitación y por supuestos traslados irregulares de niños wichí desde Chaco hacia Santa Cruz.
Con el revés judicial de 2025 y la aparición de nuevos relatos, el caso Valdocco atraviesa una etapa decisiva. La exigencia de auditar cuentas y esclarecer el trato a los menores coloca a la institución y a su conducción bajo un escrutinio que promete intensificarse en las próximas semanas.
