El Ejecutivo resolvió diferir la actualización del gravamen sobre naftas y gasoil que debía aplicarse en octubre. La medida, oficializada por decreto, evita un nuevo incremento en los surtidores en vísperas de las elecciones.
El Gobierno nacional decidió postergar hasta el 1° de noviembre la suba de impuestos a los combustibles que correspondía aplicar desde el inicio de octubre. La resolución se formalizó a través del Decreto 699/2025, que modifica lo dispuesto previamente por el Decreto 617/2025 y prorroga la entrada en vigencia de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
Según los fundamentos de la medida, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y, al mismo tiempo, contener los efectos de la inflación en los precios al consumidor. En los hechos, la postergación evita que en las semanas previas a los comicios se produzca un nuevo salto en los valores de las naftas y el gasoil.
La normativa vigente establece que los tributos sobre los combustibles deben ajustarse de manera trimestral siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. Sin embargo, en reiteradas oportunidades distintos gobiernos recurrieron a decretos de diferimiento para evitar incrementos inmediatos en los surtidores que repercutieran de forma directa en la inflación general.
En esta oportunidad, la prórroga deja en suspenso las actualizaciones pendientes correspondientes a 2024 y a los primeros dos trimestres de 2025, que de aplicarse ahora habrían representado un fuerte incremento acumulado. Con el nuevo calendario, todos esos ajustes quedarán concentrados para después de las elecciones, lo que plantea el riesgo de un aumento más pronunciado hacia fin de año.
Fuentes del sector energético advierten que las postergaciones sucesivas generan un “rezago” en los montos impositivos que, cuando finalmente se aplican, provocan saltos abruptos en los precios. Desde la oposición y algunos analistas económicos se cuestiona la decisión por su carácter oportunista, señalando que busca suavizar el impacto en el bolsillo de los consumidores en pleno tramo electoral.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que la medida otorga previsibilidad tanto a los usuarios como al sector productivo y que contribuye a evitar que los combustibles se conviertan en un factor de aceleración inflacionaria en un contexto de elevada tensión en los precios.
