Mientras avanzan la pobreza, el desempleo y la caída del consumo, el Gobierno Nacional dispuso un nuevo tarifazo eléctrico que golpea de lleno a las familias y a las economías regionales del sur argentino.
La política energética de Javier Milei volvió a tener un capítulo que repercute con fuerza en la Patagonia. Una resolución oficial estableció un incremento del 9,44 % mensual en los valores de transporte de energía eléctrica de la red troncal administrada por TRANSPA S.A., al que se suma un ajuste adicional del 2,70 % vinculado al precio mayorista de la electricidad.
El aumento se inscribe en una serie de subas que, desde el inicio de la gestión libertaria, llevaron las tarifas de luz y gas a cuadruplicarse respecto de los valores de diciembre. El impacto en los hogares es devastador: miles de familias quedan atrapadas en la disyuntiva de destinar sus ingresos a la calefacción o a la alimentación. En el sur del país, el consumo energético no es un lujo, sino una necesidad vital para sobrellevar el clima y sostener las actividades productivas.
La situación se agrava en un escenario de recesión, con el consumo en caída, el desempleo en alza y la pobreza en expansión. Mientras tanto, las compañías del sector continúan asegurando ganancias bajo un esquema tarifario que traslada todos los costos a los usuarios.
Este tarifazo, que golpea con más fuerza a las provincias patagónicas, confirma lo que el propio presidente Milei dijo en campaña: “el ajuste lo paga la gente”. Una frase que hoy se traduce en una política económica que no contempla las particularidades de cada región y que castiga especialmente a los sectores más vulnerables.
En la Patagonia, el malestar social crece al ritmo de las facturas. La luz, indispensable para calefaccionar hogares, escuelas y hospitales, y para sostener la producción regional, se transformó en un factor de angustia permanente para trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes. La medida no solo compromete la vida cotidiana de miles de familias, sino que también erosiona la competitividad de las economías locales, que dependen de la energía para desarrollarse.
Así, la región más austral del país vuelve a ser la primera víctima de un modelo de concentración y especulación que castiga al trabajo, dejando en claro que las decisiones tomadas en los despachos oficiales de Buenos Aires tienen consecuencias mucho más duras en los territorios donde la energía es sinónimo de vida.
