Con mayoría opositora de más de dos tercios, la Cámara alta rechazó esta tarde los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica referentes al Hospital Garrahan, obligando al Ejecutivo a promulgar ambas normas. El resultado marca un nuevo revés político para el oficialismo, en un contexto de creciente tensión social y electoral.
En una extensa sesión desarrollada hoy, el Senado de la Nación consumó lo que la oposición definía como “una reafirmación del papel institucional del Congreso”: la anulación de los vetos presidenciales sobre las leyes que aseguran fondos crecientes para las universidades públicas y la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. Con 59 votos a favor y 7 en contra (para el caso del Garrahan), y 58 votos afirmativos frente a 7 negativos (para la ley universitaria) —además de alrededor de tres abstenciones que incluyeron algunos senadores del PRO— ambos proyectos se ratificaron bajo la figura de “insistencia” legislativa.
De esta manera, las leyes vuelven al texto originalmente aprobado por el Congreso y quedan en vigencia, obligando al Poder Ejecutivo a instrumentarlas.
El contexto político y las fuerzas que confluyeron
El rechazo a los vetos presidenciales se da en un momento de alta tensión entre el oficialismo y las principales fuerzas opositoras. En la previa del debate, se registraron movilizaciones de docentes, estudiantes y trabajadores de la salud en las inmediaciones del Congreso. Durante las intervenciones en el recinto, los senadores opositores advirtieron que el presidente Javier Milei ha cometido “errores de diagnóstico” al gobernar sin la construcción de consensos, y cuestionaron la lógica fiscal que invoca el Ejecutivo para justificar sus vetos.
Guadalupe Tagliaferri (PRO) expresó que “si el Gobierno hubiera puesto el mismo empeño en consensuar que en vetar, no estaríamos aquí discutiendo esto”. En tanto, desde el Frente de Todos, el senador Guillermo Andrada lanzó: “A más vetos, más votos”, en referencia a la reacción social frente a las políticas del oficialismo.
Por su lado, algunos senadores libertarios se defendieron del hostigamiento opositor: Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) acusó a la oposición de “usar a los niños con fines políticos” y cuestionó la logística financiera detrás de las críticas al Gobierno.
Qué implican las leyes ratificadas
Ley de Financiamiento Universitario
Esta normativa prevé una recomposición salarial para el personal docente y nodocente, la creación de un fondo específico de 10.000 millones de pesos para ampliar la oferta académica, y mecanismos automáticos de ajuste presupuestario conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El objetivo es que el presupuesto universitario escale progresivamente hasta representar el 1,5 % del PBI para 2031.
Ley de Emergencia Pediátrica / apoyo al Garrahan
La otra ley declara la emergencia en el sistema de salud pediátrica por dos años, restablece criterios salariales para residentes y personal de hospitales, y suspende disposiciones del Ministerio de Salud consideradas regresivas para las residencias médicas.
Ambas leyes habían sido sancionadas previamente por el Congreso, pero vetadas por el presidente bajo el argumento de que atentaban contra el equilibrio fiscal.
Consecuencias institucionales y políticas
La derrota legislativa representa un revés político de gran calibre para el Gobierno de Milei, pues visibiliza la debilidad del Ejecutivo frente al poder del Parlamento. En el ambiente político se interpreta como una señal de desgaste rumbo a las elecciones legislativas que se avecinan.
Además, la insistencia de estas leyes obliga al Gobierno a asignar partidas presupuestarias inmediatas para su cumplimiento —una presión que podría generar ajustes fiscales o reordenamientos internos de ministerios.
A escala social, el respaldo del sistema universitario y del ámbito sanitario a estas leyes ratifica que la educación pública y la salud pediátrica no son meros temas técnicos, sino ejes de movilización ciudadana. Las manifestaciones de estos días, y las críticas al modelo de ajuste, confirman que existe un actor social activo dispuesto a acompañar iniciativas de defensa del Estado de bienestar.
Por su parte, el Ejecutivo deberá decidir si presenta un nuevo proyecto ajustado o si desafía la voluntad congresual, lo cual podría desatar nuevas tensiones institucionales.
