El vicegobernador cuestionó con dureza la decisión de apartar al presidente del TSJ, Daniel Mariani, y denunció el ingreso de personal ligado al kirchnerismo en el Poder Judicial.
La política santacruceña volvió a sacudirse con un hecho de fuerte repercusión institucional. Este jueves, los vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña resolvieron apartar a Daniel Mariani de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, una decisión que se adoptó en medio de la vigencia de la Ley 3949, norma que había sido defendida por el propio Mariani en sus últimas resoluciones y que continúa bajo discusión judicial a través de amparos y medidas cautelares.
El episodio desató de inmediato una reacción en el plano político. El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, expresó públicamente su rechazo y calificó la medida como un atropello institucional sin precedentes. En sus declaraciones, fue enfático al señalar que la maniobra responde a intereses vinculados al kirchnerismo, y recordó que Mariani había convalidado el juramento de los nuevos vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, lo que habría generado tensiones con otros integrantes del máximo tribunal provincial.
Leguizamón denunció, además, que las designaciones dentro del Poder Judicial continúan respondiendo a acuerdos políticos que nada tienen que ver con la idoneidad ni con el respeto a los procesos establecidos. En ese sentido, señaló la incorporación de la esposa del exconcejal Martín Medvedovsky, referente de La Cámpora, quien habría accedido a un cargo sin rendir examen previo, un hecho que, según el vicegobernador, desnuda la persistencia de prácticas ligadas al favoritismo político.
“El problema no es solo la remoción de Mariani, sino la continuidad de un esquema que utiliza a la Justicia como herramienta partidaria. Estamos viendo cómo se siguen incorporando nombres afines a un sector político sin respetar las reglas, mientras el gremio calla y mira hacia otro lado”, enfatizó.
El dirigente no dudó en remarcar la gravedad del momento institucional que atraviesa Santa Cruz. “Estamos siendo testigos de un episodio vergonzoso y sin precedentes en la historia del Tribunal Superior de Justicia”, sostuvo, subrayando que la situación pone en riesgo la credibilidad del Poder Judicial y erosiona la confianza de la sociedad en sus instituciones.
La disputa interna en el TSJ, sumada a las tensiones políticas que atraviesan la provincia, anticipa nuevos capítulos en un escenario donde la Justicia vuelve a ocupar el centro del debate público, no solo por la aplicación de leyes vigentes, sino también por las luchas de poder que parecen condicionar su funcionamiento.
