La resolución de primera instancia obliga a la comunidad Paichil Antriao a restituir dentro de 30 días la posesión del terreno al exbasquetbolista, bajo apercibimiento de desalojo. La comunidad anunció que apelará y niega que vaya a abandonar el lugar.
Un juez civil de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, dictó el 30 de septiembre de 2025 un fallo que ordena a la comunidad mapuche Paichil Antriao restituir a Emanuel “Manu” Ginóbili la posesión de un lote que ocupan desde 2018, bajo el argumento de una reivindicación ancestral. La sentencia, de primera instancia, fija un plazo de 30 días para el cumplimiento, bajo apercibimiento de emitir un mandamiento de desalojo.
El abogado de Ginóbili, José Ricardo Mena, celebró la decisión judicial, afirmando que el fallo “valida su título de propiedad” y reconoce que la adquisición fue realizada conforme a los trámites legales. Señaló que la resolución analizó los antecedentes históricos y concluyó que la comunidad no acreditó ocupación originaria en ese terreno.
Según Mena, el litigio abarca dos causas que fueron acumuladas: una demanda declarativa de certeza iniciada en 2007 y otra por reivindicación de dominio presentada en 2018. El juez optó por resolver ambas en forma conjunta.
Argumentos de la comunidad mapuche y respuesta
Los integrantes de la comunidad Paichil Antriao rechazaron el fallo, asegurando que lo apelarán y que no abandonarán el predio, aún en caso de orden de desalojo. En un comunicado, acusaron que el juez descartó los informes de peritajes antropológicos y los testimonios de mayores de la comunidad, y cuestionaron que él los haya mencionado como “autoproclamada comunidad”, pese a que poseen personería jurídica reconocida por el Estado. El abogado defensor Virgilio Sánchez calificó el fallo como “arbitrario” y adelantó que buscará revertirlo en instancias superiores, señalando que el juez omitió parte de la prueba documental presentada.
La comunidad sostiene además que Ginóbili “carece de legitimación sustancial” para promover la acción por reivindicación, pues según los representantes mapuches nunca fue poseedor legítimo del terreno. También invocan normas nacionales e internacionales como la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos de derechos humanos.
El terreno en disputa y antecedentes del conflicto
El predio se encuentra en las laderas del cerro Belvedere, sobre la calle Traful, en Villa La Angostura, en inmediaciones del lago Correntoso. Ginóbili lo adquirió en 2004 con la intención de subdividirlo en 24 parcelas para un desarrollo inmobiliario. Tras la compra, la comunidad ingresó al lote y desde 2018 ocupa el lugar, alegando derechos ancestrales que, según el juez, no fueron suficientemente acreditados. En el fallo, el magistrado consideró que hubo “desapoderamientos” sucesivos de Ginóbili, siendo el último en 2018, y que esos actos fueron suficientes para demolir la defensa de los ocupantes.
El juez también descartó con contundencia algunos de los informes antropológicos presentados por la defensa de la comunidad, calificándolos de carentes de “soporte científico”. Además, imputó las costas procesales al sector mapuche al considerarlo parte vencida.
Este caso no es aislado: la comunidad Paichil Antriao mantiene otros conflictos territoriales en Villa La Angostura con privados y con el municipio, incluso en el pasado bloqueó obras como la ruta de Circunvalación como parte de sus reclamos territoriales. En 2019, se intentó una mediación con el apoyo del fiscal general de Neuquén, José Gerez, y la Confederación Mapuche, pero no prosperó.
Lo que sigue: apelaciones y posible desalojo
El fallo dictado es de primera instancia y aún no está firme. La comunidad ya anunció que presentará recursos de apelación para intentar revertir la sentencia. En caso de que la resolución quede firme y no se cumpla la restitución voluntaria, podrá emitirse el mandamiento de desalojo con intervención de la fuerza pública.
Ginóbili, que vive actualmente en Estados Unidos, no se pronunció públicamente tras el fallo. Mientras tanto, el conflicto entra en una nueva etapa judicial que reaviva el debate sobre la tensión entre derechos territoriales colectivos de pueblos originarios y la propiedad privada respaldada por títulos registrales.
