Tras décadas de postergaciones, el nuevo gobierno busca impulsar una reforma profunda que abarque lo fiscal, laboral, tributario y previsional. Pero el desafío no es solo técnico: requiere acuerdos políticos, institucionalidad y una estrategia de transición creíble.
Durante más de 30 años, Argentina arrastra un déficit estructural de reformas que limitan su crecimiento y profundizan las crisis recurrentes. En 2025, ese desafío vuelve al centro del debate: el actual gobierno ha prometido avanzar rápidamente con lo que otros gobiernos dejaron pendiente. Pero ¿cómo encarar esa reforma sin replicar errores del pasado?
El país viene de una crisis económica prolongada marcada por alta inflación, déficit fiscal e incertidumbre cambiaria. En los últimos meses, el equipo económico logró apuntalar algunos indicadores macroeconómicos: se proyecta un superávit primario del 1,6 % del PIB y hay señales de cierre de la brecha cambiaria. Además, la inflación — aunque aún alta — ha empezado a ceder en comparación con los niveles extremos de años anteriores.
Estas mejoras ofrecen un punto de partida más estable para una reforma estructural, si se aprovecha bien el momentum político e institucional.
¿Qué reformas están en la agenda?
El plan del gobierno no es secreto: apunta a tres ejes principales.
1. Reforma tributaria — Simplificar el sistema impositivo y reducir la carga redundante que encarece la producción
2. Reforma laboral — Flexibilizar normas, reducir rigideces y mejorar el empleo formal
3. Reforma previsional — Ajustar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible en el largo plazo
Pero más allá de esos núcleos, la reforma estructural también implica repensar el tamaño del Estado, regular mercados de competencia, fortalecer la institucionalidad y el rol del sistema judicial. En ese sentido, ya se han adoptado decretos para desregular numerosos sectores, iniciativas que forman parte del “megadecreto” planteado desde 2023.
Riesgos y obstáculos: del diagnóstico a la implementación
Falta de consenso político
Una reforma radical requiere aval parlamentario e institucional. El propio ministro de Economía ha dicho que muchas reformas “ya están listas”, pero que su ejecución dependerá del juego político. Si no se construyen amplios consensos, los cambios podrían quedar truncos o revertirse.
Costo social y resistencia
Las reformas implican ajustes dolorosos: reducción del gasto, recortes, reordenamientos laborales. En términos reales, los salarios registrados están hoy un 30 % por debajo de sus niveles de hace una década. Además, el empleo informal representa más del 40 % del mercado laboral. Estas condiciones plantean tensiones sociales que no pueden ignorarse.
Aunque hay señales de estabilización, la economía argentina sigue siendo vulnerable. En el segundo trimestre de 2025, el país registró un déficit de cuenta corriente de 3.016 millones de dólares. La depreciación del peso y la presión sobre el tipo de cambio siguen siendo focos de riesgo.
Una reforma demasiado abrupta puede generar “shock” económico. En cambio, una implementación lenta puede socavar la confianza. El desafío es articular fases, mitigar impactos y garantizar previsibilidad.
Estados Unidos y Canadá han logrado reformas tributarias ofreciendo incentivos temporarios y desgravaciones para evitar protestas masivas.
Países escandinavos muestran que la negociación con sindicatos y el diálogo social son claves para legitimar reformas laborales.
Gobiernos latinoamericanos recientes han combinado reformas con programas compensatorios focalizados para amortiguar el costo social, aunque muchas veces con resultados mixtos.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Argentina tiene más margen para recuperar estabilidad si implementa reformas estructurales y atrae inversión extranjera de magnitud. Pero también advierte que la polarización política sigue siendo un obstáculo decisivo.
Argentina enfrenta un momento decisivo: puede repetir los giros vacilantes del pasado o desplegar una reforma estructural creíble y duradera. Para que esta vez no quede en promesas, hará falta más que diagnóstico técnico: consensos políticos robustos, legitimidad social y una estrategia de transición que minimice daños y genere expectativas de crecimiento sostenible.
