El magistrado del Tribunal Superior de Justicia envió una dura nota a los cuatro vocales que resolvieron desplazarlo de la presidencia. Cuestionó la legalidad de sus decisiones, los acusó de vulnerar la Constitución y advirtió que podrían incurrir en causal de juicio político. Los vocales consideraron la carta como una amenaza.
En medio de la crisis institucional más grave de los últimos años dentro del Poder Judicial de Santa Cruz, Daniel Mariani rompió el silencio con un documento que sacudió la cúpula del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En una nota dirigida a los vocales Fernando Basanta, Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia Mercau, el magistrado denunció un “golpe de Estado palaciego” dentro del máximo órgano judicial y cuestionó la “ilegalidad” de las decisiones adoptadas para removerlo de la presidencia.
La carta y sus acusaciones
El escrito, enviado el martes a primera hora, acusa a los cuatro vocales de actuar “en franca y violenta contradicción con el marco constitucional y normativo vigente” al firmar resoluciones sin la mayoría exigida por la ley. Mariani sostuvo que la remoción de su cargo y la impugnación de las juras de los vocales Sergio Acevedo y José González Nora “carecen de validez legal” y constituyen “verdaderas vías de hecho”.
“Pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles carácter de resoluciones es una conducta carente de validez legal”, expresó el juez en el documento, en el que además advirtió que los firmantes podrían “incurrir en causales de mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, lo que abriría la posibilidad de un juicio político conforme al artículo 137 de la Constitución Provincial.
“Sigo siendo legalmente el presidente”
En su descargo, Mariani defendió su legitimidad al frente del TSJ con base en la Ley 3.949, que amplió de cinco a nueve los miembros del Tribunal, y afirmó que continúa ejerciendo la presidencia pese a la resolución que designó a Reneé Fernández en su reemplazo. “Pese a que no existe intención alguna de mi parte de continuar ejerciendo la Presidencia, legalmente sigo haciéndolo, pues lo que han intentado titular constituye otro comportamiento gravemente antijurídico”, sostuvo.
El magistrado también pidió a los vocales “reflexionar, revisar y corregir las burdas conductas que vienen adoptando”, para evitar que “miserias, mezquindades y golpes de Estado palaciegos obstaculicen el adecuado servicio de justicia y el respeto institucional”.
Reacciones y contexto político
La nota fue interpretada dentro del TSJ como una “amenaza explícita”. Según trascendió, los destinatarios consideraron que se trata de un “aviso formal” de que Mariani podría iniciar acciones legales o presentar una denuncia ante la Legislatura para pedir un proceso de remoción.
El conflicto estalló mientras la Legislatura de Santa Cruz designaba a los dos nuevos vocales —Gabriel Contreras y Juan de la Vega—, completando así la integración de nueve miembros prevista por ley. Ambos deberán renunciar a sus cargos actuales para que el gobernador Claudio Vidal firme sus decretos de designación y se formalice la comunicación al Poder Judicial.
En ese escenario, persiste la disputa sobre quién ostenta la autoridad dentro del TSJ. Mariani sostiene que es el presidente legítimo, mientras que Reneé Fernández —designada por los otros vocales— argumenta que las medidas cautelares dictadas por el juez Marcelo Bersanelli siguen vigentes, por lo que las nuevas designaciones aún no deberían ser validadas.
La Justicia de Santa Cruz atraviesa así uno de los momentos más críticos de su historia institucional, con su máxima conducción fracturada, acusaciones cruzadas y un clima de incertidumbre que amenaza con paralizar el funcionamiento del Poder Judicial.
