El creciente brote de intoxicaciones por metanol vinculado al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas ha puesto en máxima alerta al estado de São Paulo. Hasta ahora, se han confirmado tres muertes y al menos 18 casos, aunque las investigaciones y decomisos se multiplican ante el temor de que el número real sea mucho mayor.
Desde fines de septiembre, las autoridades sanitarias, policiales y judiciales de Brasil concentran esfuerzos en desarticular redes clandestinas de falsificación de bebidas alcohólicas, que habrían utilizado metanol —sustancia tóxica de uso industrial— para aumentar los márgenes de ganancia o adulterar lotes enteros. Un reciente informe forense reveló que el metanol fue agregado de forma deliberada a destilados, descartando que su presencia derive de procesos normales de destilación.
Al borde de una crisis sanitaria
Los primeros síntomas reportados —visión borrosa, dolores abdominales intensos, náuseas y confusión mental— suelen aparecer entre 12 y 24 horas tras la ingestión, lo que complica la rápida identificación del origen del problema. En muchos casos, los pacientes llegan a los hospitales cuando la lesión neuronal ya está avanzada.
El brote que comenzó en São Paulo ya se ha extendido a otros estados del país, con más de 100 notificaciones de casos sospechosos y al menos una muerte confirmada fuera del estado. Las ventas de cocteles destilados han caído de forma drástica: en bares frecuentados por turistas y locales, los pedidos de caipirinhas han sido sustituidos por cervezas y vinos, en un reflejo del temor generalizado.
El gobierno paulista informó que ya se incautaron casi 100 mil recipientes (vasilhames) sospechosos y se han cerrado múltiples distribuidores implicados en la cadena de adulteración.
Uno de los hallazgos más inquietantes provino de dos distribuidoras clausuradas recientemente: las pericias confirmaron presencia de metanol en lotes decomisados, lo que sugiere que la adulteración podría estar ocurriendo en etapas tempranas del proceso logístico, no solo en bares o locales de consumo final.
Entre la impunidad y el vacío regulatorio
Las autoridades estatales reportan que ya fueron detenidas cerca de 20 personas en relación con el caso, cifra que se sumaría a un total de 41 arrestos atribuidos a operaciones de adulteración de bebidas durante el año. Se habla también de varias destilerías clandestinas cerradas, muchas de ellas operando con rotulación falsificada o reutilización de envases.
Una investigación oficial apunta a que el metanol podría provenir de otros mercados ilícitos: un indicio apunta a que etanol adulterado con metanol, originalmente destinado al consumo industrial o como combustible, fue desviado hacia cadenas de falsificación.
Aunque el gobierno federal brasilero emitió un alerta nacional el 30 de septiembre y activó mecanismos de coordinación entre las agencias de salud, justicia y consumidores, expertos advierten que el problema ya trasciende la urgencia inicial: pone al descubierto debilidades estructurales profundas en la fiscalización del sector.
Para contentar la presión política, el Congreso analiza un proyecto de ley que impondría penas más severas por adulteración de bebidas alcohólicas, incluso equiparándola con homicidio si se produce muerte a causa del hecho.
Qué puede hacer el consumidor
Mientras continúan las operaciones de fiscalización, la población recibe alertas constantes para:
Evitar beber cualquier bebida destilada cuyo origen no esté asegurado o certificado
Comprobar la integridad del envase: verificar sellos, lacres, rótulos completos con número de lote, fecha de elaboración y datos del fabricante
No aceptar tragos de procedencia incierta en fiestas o de manos de terceros sin certificar
Ante síntomas sospechosos —visión borrosa, dolor en el abdomen, vómitos intensos, alteración del estado de conciencia— acudir de inmediato a un centro médico
La tragedia deja expuesta una brecha de control histórica en el mercado de bebidas alcohólicas brasileño, donde lo informal y lo ilegal se entrelazan, poniendo en riesgo vidas inocentes. La magnitud del desafío exige reforzar no solo la intervención puntual sino la estructura regulatoria, para que la embriaguez no vuelva a convertirse en veneno.
