El empresario condenado por las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad” fue llevado desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 hasta el Hospital Regional para realizarse estudios médicos. El operativo contó con un amplio despliegue del Servicio Penitenciario Federal.
Lázaro Báez, empresario santacruceño y uno de los principales condenados por corrupción durante los años del kirchnerismo, fue trasladado este martes desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15, ubicada en las afueras de Río Gallegos, hacia el Hospital Regional de la capital provincial. El movimiento se produjo bajo un estricto operativo de seguridad dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que custodió el procedimiento durante todo su trayecto y permanencia en el centro de salud.
El traslado tuvo como motivo la realización de controles médicos de rutina, parte del seguimiento clínico que se aplica a los internos de alto perfil alojados en dependencias federales. Fuentes judiciales señalaron que Báez permaneció varias horas en el hospital, donde se le practicaron estudios programados para controlar su estado general, antes de ser regresado nuevamente al penal.
El operativo incluyó una fuerte presencia de efectivos del SPF, móviles oficiales y medidas logísticas especiales que garantizaron la seguridad del traslado. El procedimiento concluyó sin incidentes, y el empresario fue reintegrado a su lugar de detención bajo el régimen cerrado que mantiene desde junio pasado.
A sus 69 años, Báez padece hipertensión, diabetes y asma, condiciones por las cuales su defensa había solicitado en reiteradas oportunidades la prisión domiciliaria. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido el pasado 29 de septiembre, confirmando el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, que dispuso su cumplimiento efectivo de condena en la Unidad N° 15.
La decisión judicial ratificó que Báez debe continuar cumpliendo su pena de 15 años de prisión por lavado de dinero agravado, condena que unifica los 10 años dictados por la causa “Ruta del Dinero K” y los seis años del expediente “Vialidad”, donde fue hallado culpable de defraudación al Estado.
Hasta mediados de 2022, el empresario había permanecido bajo arresto domiciliario en una vivienda de El Calafate, monitoreado por tobillera electrónica. Pero la situación cambió cuando el Tribunal consideró que la condena estaba firme, desestimando los argumentos de la defensa sobre su estado de salud. El juez Néstor Costabel, presidente del TOF 4, ordenó su reingreso al sistema penitenciario el 11 de junio, y desde entonces Báez cumple su pena en la unidad ubicada en la capital santacruceña.
El caso Báez continúa siendo uno de los capítulos más emblemáticos de la relación entre el poder político y el empresario patagónico, símbolo de una época marcada por el crecimiento exponencial de sus empresas al calor de la obra pública y las posteriores causas judiciales que lo convirtieron en uno de los condenados más resonantes de la última década.
