Trabajadores del sector aseguran que los nuevos operativos provinciales vulneran derechos laborales y generan incertidumbre en los campamentos y empresas del rubro.
Decenas de trabajadores mineros provenientes de distintas provincias manifestaron su malestar por los controles implementados en los accesos a Santa Cruz, donde aseguran haber sido objeto de medidas restrictivas que califican como discriminatorias. Los operativos, instalados sobre la Ruta Nacional N°3 y otros puntos estratégicos de ingreso, exigen acreditar residencia en la provincia como condición indispensable para continuar desempeñándose en los yacimientos y en las empresas contratistas del sector.
El nuevo procedimiento comenzó a aplicarse esta semana en el marco de una resolución provincial que dispone que al menos el 90 por ciento de los puestos laborales en la minería deben estar ocupados por personas nacidas en Santa Cruz o con residencia comprobable de más de seis años. Con ese objetivo, se desplegaron equipos de control integrados por personal policial y administrativo, encargados de solicitar documentación, planillas de empleo y constancias de domicilio a quienes se dirigen hacia las zonas productivas.
Los trabajadores que llegaron en micros o camionetas a los puntos de control relataron que la medida los tomó completamente por sorpresa. En varios casos, fueron retenidos durante horas mientras se revisaban los listados de personal y se corroboraban sus datos. Algunos expresaron temor por el futuro de sus empleos, ya que si bien llevan años desempeñándose en distintos yacimientos de la provincia, nunca gestionaron residencia formal, lo que ahora podría excluirlos del sistema laboral.
La situación generó preocupación en el ámbito sindical, donde se advirtió que la falta de claridad sobre los criterios de aplicación podría derivar en conflictos si no se abre un canal de diálogo entre el Gobierno provincial, las empresas y los trabajadores. En los campamentos mineros, el malestar es creciente: conviven empleados santacruceños con operarios de otras provincias, y la nueva disposición amenaza con alterar esa convivencia al introducir un requisito que muchos consideran arbitrario.
Desde el Gobierno provincial, en tanto, se sostiene que los controles apuntan a proteger el empleo local y a garantizar que la riqueza generada por la minería —uno de los pilares económicos de Santa Cruz— tenga un impacto directo en las comunidades de la provincia. Voceros cercanos al Ejecutivo remarcan que la política de empleo local busca revertir una situación histórica en la que la mayoría de los puestos calificados eran ocupados por personal de otras jurisdicciones.
Sin embargo, para los trabajadores foráneos, el operativo representa una forma de exclusión que no reconoce los años de experiencia ni los vínculos laborales que muchos de ellos mantienen desde hace largo tiempo con empresas radicadas en Santa Cruz. “Nos sentimos desplazados después de haber dejado familia y hogar para venir a trabajar acá. Ahora nos dicen que no pertenecemos”, lamentó uno de los mineros afectados en declaraciones informales durante los controles.
El conflicto, que comenzó como un reclamo aislado en los accesos del norte provincial, amenaza con extenderse si no se ofrece una respuesta oficial que despeje la incertidumbre y establezca condiciones claras para todos los empleados del sector. Mientras tanto, el clima en los yacimientos se vuelve cada vez más tenso y los trabajadores esperan una señal de diálogo que evite que la situación derive en una confrontación abierta entre las partes.
