Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad logró desactivar un intento de usurpación en un predio gremial de la localidad de 28 de Noviembre. El procedimiento concluyó sin heridos ni enfrentamientos, tras una intensa jornada de negociación y control territorial.
Durante la madrugada del martes, cerca de las 2:20, un grupo de alrededor de quince personas irrumpió por la fuerza en un complejo de cabañas perteneciente al gremio UOCRA, ubicado en la intersección de las calles La Pampa y San Martín. Los intrusos, algunos portando armas de fuego, réplicas y objetos contundentes, habrían intimidado al personal de seguridad del lugar antes de ocupar una de las viviendas del predio.
Inmediatamente, la Policía local activó un operativo de contención y acordonamiento perimetral, con apoyo de unidades de Río Turbio, el Grupo de Operaciones Especiales y personal de Infantería. Desde el inicio, la estrategia priorizó la preservación de la integridad física de los presentes y el resguardo de la propiedad, evitando el uso de la fuerza directa.
Con el correr de las horas, se implementó un protocolo de negociación a cargo de equipos especializados, quienes lograron establecer un canal de diálogo con los ocupantes. El intercambio permitió reducir la tensión y arribar a una salida pacífica hacia el mediodía.
Cerca de las 13:30, los quince involucrados accedieron a abandonar voluntariamente el lugar. Todos fueron trasladados al hospital local para su control médico y posteriormente puestos a disposición de la Justicia. En el sitio se secuestraron un arma de fuego tipo pistolón, una réplica de pistola y un cuchillo, que fueron incorporados como evidencia a la causa judicial.
Una vez finalizado el operativo principal, se registró la presencia de familiares y allegados de los detenidos en las inmediaciones, quienes realizaron una breve protesta con quema de cubiertas. El incidente fue rápidamente controlado por personal de Bomberos, sin mayores consecuencias.
El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, a cargo de la jueza Romina Frías, quien dispuso la continuidad de las investigaciones para determinar responsabilidades individuales y eventuales motivaciones del hecho.
La intervención policial fue destacada por su eficacia y el manejo prudente de la situación, que permitió resolver un conflicto de alto riesgo sin víctimas ni daños materiales de consideración. El hecho reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y mediación ante disputas de carácter social o gremial, garantizando siempre la seguridad pública y el respeto por el Estado de Derecho.
