El nombre de Franco Mascheroni comienza a aparecer con fuerza en el escándalo que sacude a la UOCRA de Puerto Deseado, donde una investigación judicial reveló una maniobra fraudulenta con documentación falsificada para legitimar como delegado a Fabio Dante Cattani.
Si bien Mascheroni no está formalmente imputado, su figura emerge como pieza clave en el entramado político y gremial que permitió montar la estructura trucha.
Según fuentes vinculadas a la causa, Mascheroni habría sido uno de los articuladores del grupo que acompañó a Cattani, junto al empresario Martín Enrique Sandoval y los militantes Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios. Ese sector impulsó la presentación de altas y bajas laborales falsificadas y fichas de afiliación adulteradas, con las que se intentó hacer pasar a Cattani como delegado de una obra donde jamás trabajó.
El escrito presentado por el abogado Fabricio Carbone Miele ante el Juzgado de Instrucción local fue categórico: la ARCA (ex AFIP) confirmó que los supuestos trabajadores nunca estuvieron registrados, dejando en evidencia la falsificación. Aun así, el 30 de julio de 2025 se presentó ante el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz una nota firmada por Sandoval que notificaba la designación de Cattani como delegado gremial. Fuentes judiciales sostienen que Mascheroni habría tenido participación en la gestión y presentación de esa documentación, actuando como enlace político y operativo del grupo.
“Nada de lo que pasó fue improvisado. Hubo una estructura detrás, y Mascheroni fue parte de ese armado”, señaló una fuente con acceso al expediente.
El trasfondo, según la investigación, apunta a una disputa interna feroz por el control de la UOCRA local, donde el grupo de Cattani buscaba desplazar al actual referente Franco Moreyra. Mascheroni, con experiencia en gestiones políticas y vínculos dentro del sindicalismo provincial, habría oficiado de nexo entre el grupo disidente y sectores externos interesados en la conducción gremial.
La maniobra se montó sobre la obra de la sede del Sindicato de Empleados Judiciales “3 de Julio”, donde los documentos falsos circularon sin control ni verificación, lo que permitió armar una farsa gremial completa. Carbone Miele pidió la intervención de los fiscales provincial y federal, ante la posible comisión de los delitos de falsificación de instrumentos públicos y privados y estafa procesal.
Si la Justicia amplía la investigación, Mascheroni podría ser citado a declarar para explicar su rol en la articulación política y logística del grupo que presentó la documentación falsa. Lo que comenzó como una disputa gremial terminó revelando un esquema más complejo: una operación con tintes políticos y judiciales, donde el poder y la mentira se escribieron en los mismos papeles.
