El organismo denunció a ex autoridades, entre ellas Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, por presuntas irregularidades en la gestión del período 2015-2023.
Según el planteo presentado por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se habrían registrado “irregularidades en licitaciones públicas y violaciones de normas administrativas”, que podrían constituir delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En los expedientes revisados se detectaron “errores graves en el Registro de Proveedores”, así como “omisiones en la notificación al Registro Nacional de Constructores” y otras acciones que podrían favorecer indebidamente a determinadas empresas en los procesos de contratación de obras.
El IDUV ha remitido documentación y pruebas a través del sistema oficial de presentación de escritos digitales y continúa reuniendo material con el apoyo de su equipo interno. Además, se han presentado otras denuncias en instancias judiciales provinciales y federales, y se prevé la incorporación de nuevas pruebas que profundicen la investigación sobre la ejecución de la obra pública durante los últimos años.
Esta decisión forma parte de un proceso de reestructuración del organismo, impulsado por el gobierno provincial, con el objetivo de “desmantelar un sistema que favorecía sobreprecios, pagos irregulares, obras abandonadas y direccionamiento de contratos hacia empresas vinculadas al poder político”. La presentación como querellante no solo pretende esclarecer la verdad sobre los hechos denunciados, sino también “resarcir al Estado provincial por los posibles perjuicios ocasionados”.
Con esta acción, el IDUV se posiciona como un actor activo en la fiscalización y control de la gestión pública, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración de los recursos destinados a obras y proyectos de desarrollo urbano y habitacional.
