La Justicia revisará un fallo por lavado de dinero y podría ratificar una nueva pena antes de fin de año.
La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para revisar otra de las condenas contra el empresario Lázaro Báez, esta vez vinculada con la compra de un campo en Uruguay valuado en catorce millones de dólares, una operación que la Justicia consideró parte de un entramado de lavado de dinero proveniente de la obra pública. El fallo podría quedar firme antes de fin de año y consolidar una nueva pena sobre el empresario santacruceño.
La causa conocida como “El Entrevero” se centra en la adquisición de una estancia ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado. Según la investigación judicial, esa compra fue “una maniobra más dentro de un esquema destinado a dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita”, relacionados con contratos de obras públicas en Santa Cruz durante los años de mayor expansión del grupo Báez.
En su momento, el Tribunal Oral Federal que intervino condenó a Báez a cuatro años y seis meses de prisión. Ahora, la Sala IV de Casación analizará los argumentos de la defensa y de la fiscalía para determinar si la condena debe ser ratificada, modificada o, eventualmente, anulada. Las audiencias están programadas hasta principios de noviembre, y los jueces tienen un plazo de veinte días hábiles para dictar sentencia una vez finalizadas las exposiciones.
El empresario, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, ya acumula varias condenas por causas de corrupción y lavado de dinero, entre ellas las correspondientes a “La ruta del dinero K” y “Vialidad”. En caso de confirmarse esta nueva sentencia, su situación judicial se agravaría todavía más, ya que sumaría otra pena firme dentro de un cuadro general que ya lo mantiene privado de la libertad.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el expediente cuenta con abundante documentación financiera y testimonios que vinculan la compra del campo con operaciones de blanqueo a través de sociedades interpuestas. De acuerdo con esos informes, el movimiento de fondos utilizados para adquirir “El Entrevero” habría tenido origen en cuentas radicadas en paraísos fiscales, utilizadas por el grupo empresarial para canalizar dinero proveniente de contratos con el Estado.
La revisión de esta condena tiene un fuerte componente político y simbólico. Lázaro Báez fue uno de los empresarios más cercanos al kirchnerismo y su nombre se convirtió en sinónimo de las investigaciones por presunta corrupción durante ese período. Por eso, el resultado de esta revisión no solo impactará en su situación personal, sino que también será observado como un test del funcionamiento del sistema judicial frente a los casos de corrupción más resonantes de las últimas décadas.
De confirmarse la sentencia antes de fin de año, Báez enfrentaría un nuevo revés judicial que consolidaría la imagen de un ciclo de condenas consecutivas, cada una vinculada con diferentes ramificaciones del mismo esquema financiero que lo llevó a la cárcel. En cambio, si la Casación decidiera revisar o reducir la pena, el proceso podría extenderse, dilatando una vez más el cierre definitivo de una de las causas más emblemáticas del entramado de corrupción en la obra pública argentina.
