La Justicia ratificó dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior y lo apartó de manera definitiva de la función pública.
La primera condena se refiere a un incidente ocurrido en 2010 durante una asamblea de accionistas de la empresa Papel Prensa, donde Moreno irrumpió en la reunión con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y obligó a suspender la votación. Por este hecho, fue condenado por amenazas coactivas. La Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia en 2023, y ahora la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la defensa, dejando firme la condena.
La segunda condena está relacionada con el uso indebido de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles hacia el Grupo Clarín, como “Clarín miente”, entre 2011 y 2013. Este acto fue considerado peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. En 2017, el Tribunal Oral Federal 7 condenó a Moreno a dos años y seis meses de prisión en suspenso, con inhabilitación perpetua para cargos públicos. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena en 2019, y el recurso final de la defensa fue desestimado.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzettij7 rechazaron los planteos de la defensa, dejando firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, en la causa del cotillón, también fueron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.
Con esta decisión, Guillermo Moreno queda definitivamente apartado de la actividad pública, al haber sido inhabilitado de forma absoluta para ejercer cargos en el Estado. La medida marca un precedente en la aplicación de sanciones penales a altos funcionarios, reflejando un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
