La Justicia Federal ratificó el procesamiento de catorce exfuncionarios acusados de facilitar maniobras irregulares en obras viales de la provincia.
La decisión judicial señaló que los imputados, en sus distintas funciones dentro del organismo, “facilitaron y encubrieron maniobras administrativas que beneficiaron de manera irregular a un grupo empresario”, en el marco del sistema de contratación de obra pública. De acuerdo con el fallo, los acusados habrían omitido controles esenciales, avalado certificaciones de obras no ejecutadas y autorizado pagos por trabajos que no cumplían las condiciones establecidas en los contratos.
Entre los procesados se encuentran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, además de José Carlos Pistán, representante técnico vinculado a una de las empresas beneficiadas.
El tribunal confirmó además un embargo millonario sobre los bienes de los implicados, estimado en más de ocho mil millones de pesos, como garantía del eventual daño patrimonial ocasionado al Estado. La medida fue adoptada al considerar que la maniobra no podría haberse concretado sin la participación activa o la omisión deliberada de los funcionarios encargados de fiscalizar la ejecución de las obras.
En su resolución, los magistrados destacaron que “la actuación coordinada de los responsables provinciales fue indispensable para que el esquema de direccionamiento de fondos públicos se mantuviera durante años sin control efectivo”. El fallo subraya, además, que las irregularidades detectadas no fueron hechos aislados, sino parte de un sistema sostenido de connivencia entre funcionarios y contratistas.
La confirmación de los procesamientos marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la obra pública en Santa Cruz y abre el camino a un eventual juicio oral, en el que se evaluará la responsabilidad penal de los implicados. Mientras tanto, las defensas de los acusados podrían presentar nuevos recursos ante instancias superiores, aunque la Justicia ya consideró “suficientemente probada” la existencia de maniobras destinadas a beneficiar intereses privados con fondos del Estado.
Con esta resolución, la causa vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de control de la obra pública provincial, y renueva el debate sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos, un tema que durante años ha atravesado la política santacruceña y que vuelve a ocupar el centro de la escena judicial.
