La justicia federal se prepara para uno de los procesos más extensos y complejos de los últimos años.
La fiscalía anunció que convocará a casi 900 testigos para declarar en el juicio oral por la denominada causa Cuadernos, el expediente que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la adjudicación de obras públicas entre los años 2003 y 2015. Se trata de un proceso de magnitud inédita, con decenas de imputados, empresarios y exfuncionarios, en el que se analizan delitos como asociación ilícita, cohecho, encubrimiento y lavado de activos.
El debate será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°7, que deberá coordinar un cronograma complejo debido al volumen de pruebas y declaraciones previstas. Desde la fiscalía reconocen que “pocas veces se vio una causa con tanta evidencia acumulada”, lo que anticipa un proceso de larga duración y con un alto grado de exposición pública.
La convocatoria a semejante número de testigos responde a la necesidad de respaldar con testimonios directos los registros de los presuntos pagos ilegales que figuran en los cuadernos manuscritos por un exchofer del Ministerio de Planificación. Dichos cuadernos se convirtieron en el eje central de la investigación y dieron origen a múltiples causas derivadas.
Ante la magnitud del expediente, las partes evalúan la posibilidad de reducir la lista de testigos para evitar que el juicio se extienda durante años. No obstante, la fiscalía insiste en la importancia de escuchar a la mayor cantidad posible de voces para “garantizar la transparencia y la solidez del proceso judicial”.
La causa Cuadernos generó un fuerte impacto político y judicial desde su inicio. Numerosos empresarios y exfuncionarios admitieron haber participado en un sistema de retornos a cambio de contratos de obra pública, mientras que otros imputados sostienen su inocencia y denuncian persecución política.
El inicio del juicio marcará una nueva etapa en una de las investigaciones más emblemáticas sobre corrupción en la Argentina contemporánea. Con casi 900 testigos convocados y cientos de pruebas documentales, se espera que el proceso sea una prueba decisiva para el sistema judicial argentino, tanto por su envergadura como por la sensibilidad de los nombres involucrados.
