Podrían incautar el departamento ubicado en Constitución.
La discusión judicial tomó un nuevo giro tras el avance del proceso de decomiso de bienes vinculados a la Causa Vialidad, que ahora podría alcanzar la vivienda utilizada actualmente por la expresidenta en la Ciudad de Buenos Aires.
Los fiscales sostienen que “el origen del inmueble se relaciona con fondos ilegítimos provenientes de maniobras de corrupción”, y que esa condición habilita su incorporación dentro de los bienes susceptibles de extinción de dominio, independientemente de la estructura societaria o familiar bajo la que figure su titularidad.
Desde el entorno de la familia se argumenta que “la propiedad pertenece legalmente a Máximo y Florencia Kirchner”, y que cualquier medida sería improcedente por no estar registrada a nombre de la exmandataria. La postura oficial de la defensa apunta a frenar el avance mediante recursos y planteos judiciales.
Será la Corte Suprema quien deba intervenir para tasar, inventariar y decidir el destino final de los bienes alcanzados por el fallo, un proceso que podría extenderse durante meses por la complejidad del expediente y la cantidad de actores involucrados.
En el trasfondo, crece un debate profundo sobre el alcance real de la extinción de dominio y su aplicación sobre bienes transferidos a familiares o administrados por sociedades interpuestas. “El eje no es quién figura como dueño, sino el origen del dinero con el que se adquirieron los bienes”, señalan fuentes vinculadas a la investigación.
La definición judicial podría marcar un precedente de alto impacto político y patrimonial, con consecuencias directas sobre el futuro de la causa y la situación económica del entorno familiar de la exmandataria.
