Un encuentro económico en la casa de Cristina desencadenó una fuerte respuesta judicial.
Desde su vivienda, donde cumple arresto domiciliario, Cristina Fernández de Kirchner encabezó una reunión con nueve economistas para discutir propuestas destinadas a enfrentar la crisis económica y reconstruir un “modelo nacional de crecimiento productivo y federal”.
Según los participantes, se trató de una instancia de «trabajo serio», en la que se analizaron alternativas para revertir la “crisis de la deuda” y diseñar una hoja de ruta que permita recuperar la actividad. La iniciativa apuntó a elaborar diagnósticos y soluciones concretas frente a la situación actual.
La realización de este encuentro desató una inmediata reacción del ámbito judicial. El tribunal que supervisa su detención consideró que la visita simultánea no se encontraba dentro de los parámetros permitidos, y dispuso nuevas restricciones al régimen de visitas. A partir de ahora «no se permitirá el ingreso conjunto de grupos» y cada visitante deberá contar con autorización individual, previa y justificada, con horario delimitado y permanencia máxima de dos horas.
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que «molestó que hablemos de un modelo económico nacional de crecimiento» y denunció que la medida apunta a impedir espacios de debate político y técnico.
El episodio abrió un nuevo foco de tensión entre la actividad política impulsada desde su arresto y los controles judiciales, alimentando una disputa donde cada gesto tiene impacto directo en un escenario económico y político en plena ebullición.