La histórica organización enfrenta crecientes cuestionamientos y un clima de tensión política y social.
Abuelas de Plaza de Mayo volvió a ocupar el centro del debate nacional en medio de fuertes controversias que pusieron en discusión su rol actual, su vínculo con el poder y la legitimidad de sus intervenciones públicas. Las declaraciones recientes de su presidenta reactivaron un escenario de enfrentamiento con el Gobierno y abrieron un intenso intercambio de acusaciones.
La reacción más resonante surgió tras la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Desde la organización se calificó públicamente la decisión como “una provocación” y se advirtió sobre “la ruptura de un consenso básico” respecto del lugar que las Fuerzas Armadas deben ocupar en democracia. Las palabras fueron interpretadas por distintos sectores como un posicionamiento político explícito, y no como una defensa institucional de los derechos humanos.
En paralelo, la controversia instalada en la Universidad Nacional de San Luis profundizó el conflicto de discursos. La remoción de contenidos vinculados a la memoria y a técnicas forenses derivó en acusaciones de “censura ideológica”, mientras voces críticas señalaron que la organización utiliza su influencia moral para condicionar debates académicos que deberían desarrollarse sin presiones externas.
El escenario se complejiza aún más ante los cuestionamientos sobre la sostenibilidad interna de la entidad. Analistas advierten que “la estructura envejece y pierde capacidad de renovación”, y que depende de un respaldo estatal que varía según el gobierno de turno, lo que genera dudas sobre su autonomía real.
Para un sector creciente de la sociedad, la disputa ya no gira solo en torno a la memoria, sino sobre el uso político del pasado y la necesidad de “una discusión honesta, sin banderas partidarias” que permita recomponer consensos.
