Una decisión oficial que marca un fuerte cambio político.
El Gobierno anunció la decisión de poner fin al financiamiento estatal destinado a Abuelas de Plaza de Mayo, medida que generó debate y reacciones en todo el país. Según se informó, los aportes económicos que la organización recibía desde hace años fueron suspendidos en el marco del ajuste y la revisión de convenios públicos. La resolución fue presentada como parte de una política enfocada en la reducción del gasto estatal y la eliminación de acuerdos considerados no prioritarios.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es “ordenar los recursos y terminar con privilegios”, dejando en claro que la determinación responde a una nueva orientación administrativa. En ese sentido, afirmaron que se busca garantizar “transparencia” en la asignación de fondos y recalcaron que el Estado “no puede sostener estructuras que no estén directamente vinculadas a funciones esenciales”.
La decisión impacta directamente en las actividades históricas de Abuelas de Plaza de Mayo, organización emblemática dedicada a la búsqueda de nietos apropiados durante la última dictadura militar. Frente al anuncio, manifestaron preocupación por la continuidad de los trabajos de identificación y resaltaron que su tarea “es parte fundamental de la memoria, la verdad y la justicia”.
El recorte abre un escenario de fuerte polarización pública. Para algunos, representa una señal de cambio y un reclamo de mayor control sobre el uso del dinero estatal. Para otros, constituye “un retroceso institucional” que afecta una labor reconocida internacionalmente y ligada a la defensa de los derechos humanos.
Lo cierto es que el debate ya está instalado y promete una profunda discusión sobre el rol del Estado en la preservación de políticas de memoria. Mientras se espera que el Gobierno avance con nuevas medidas, la sociedad observa con atención las consecuencias de esta decisión que muchos describen como “un punto de quiebre”.
