El Gobierno teme que el endeudamiento subnacional complique el regreso a los mercados y endurece su postura frente a los gobernadores mientras negocia el Presupuesto 2026 y define su estrategia para recomponer reservas.
El equipo económico encabezado por Luis Caputo recalibra su estrategia ante un riesgo que empieza a ganar centralidad en la Casa Rosada: el deterioro financiero de las provincias y su posible impacto sobre la credibilidad externa de la Argentina. En el Gobierno crece la preocupación por un eventual “efecto contagio” entre gobernadores con dificultades fiscales, especialmente aquellos sin capacidad de generar divisas, lo que podría obstaculizar tanto el regreso soberano a los mercados internacionales como las colocaciones de deuda del sector público en su conjunto.
La hoja de ruta oficial ingresa así en una etapa más exigente. El esquema contempla, en paralelo, la recomposición de reservas y el diseño de nuevas emisiones de deuda, tanto de la Nación como de los distritos provinciales. La reciente baja del riesgo país aceleró los planes de varias provincias para volver a financiarse en dólares. Santa Fe aparece al frente de esa lista con la intención de emitir entre 700 y 1.000 millones de dólares. Le siguen Chubut y Córdoba, que planea reabrir el bono lanzado a mitad de año hasta alcanzar un financiamiento total cercano a los 1.000 millones de dólares.
Para avanzar, las provincias necesitan aval del Gobierno nacional. Y ahí surge el conflicto. En Economía insisten en que los gobiernos subnacionales enfrentan una vulnerabilidad estructural mayor frente al endeudamiento externo: no generan divisas, cargan con riesgo cambiario y exhiben un historial reciente que despierta desconfianza en los mercados.
El diagnóstico se apoya en datos concretos. Según explicó Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, “desde 2020 a la fecha, de las 13 provincias con títulos bajos leyes extranjeras, 11 debieron reestructurar su deuda. Las únicas que no lo hicieron fueron la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. De las que sí reestructuraron, 10 lo hicieron en simultáneo con la renegociación nacional llevada adelante por Martín Guzmán, y la restante —Tierra del Fuego— lo hizo a principios de 2024”. El antecedente más crítico es el de La Rioja, que directamente entró en default.
Frente a este panorama, la postura oficial es clara: empujar el financiamiento provincial hacia el mercado interno. Un mercado que el propio Gobierno reconoce como todavía poco profundo, pero que podría ganar volumen si las provincias concentran allí sus necesidades de financiamiento.
Sin embargo, en Economía tampoco avanzan en reformas estructurales de corto plazo en ese frente. Aún siguen vigentes las restricciones que impiden a los mismos operadores participar tanto del mercado cambiario como del financiero, una medida aplicada en plena tensión preelectoral para contener la brecha cambiaria. Por ahora, no hay señales de que esa limitación vaya a eliminarse.
A este escenario se suma otro foco de tensión: la propuesta de la provincia de Buenos Aires para aplicar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a las operaciones con bonos, letras y títulos públicos, tanto nacionales como privados. En los despachos oficiales lo interpretan como un golpe directo al desarrollo del mercado de capitales local.
Pese al malestar, el Gobierno descarta por ahora avanzar en una reforma profunda del esquema de Ingresos Brutos, incluido el régimen de recaudación bancaria conocido como SIRCREB. En el oficialismo admiten que modificar ese sistema implicaría un fuerte impacto fiscal inmediato en múltiples distritos.
“En un mes quiebran dos provincias, y en el siguiente otras dos”, afirman fuentes con acceso a las negociaciones.
El telón de fondo es político y financiero al mismo tiempo. El Ejecutivo negocia con los gobernadores un paquete de reformas laborales y tributarias que busca incluir en el Presupuesto 2026, cuyo debate pretende reactivar en la primera semana de diciembre. Aun con canales de diálogo abiertos, el Gobierno ya definió líneas rojas: no habrá cambios en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, tampoco en el impuesto a los combustibles, ni aumentos adicionales en obra pública. Argumentan que el proyecto original ya contempla un incremento del 40% en los recursos asignados.
En el corto plazo, los desafíos se concentran en el frente financiero. Enero llega con vencimientos que obligan a definir si podrán refinanciarse en el mercado o si será necesario recurrir a un préstamo tipo REPO por más de 4.000 millones de dólares. A eso se suma el pago de unos 1.000 millones de dólares correspondientes a bonos BOPREAL, que se cancelarán directamente con reservas.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en un esquema de acumulación de divisas que descarta, al menos por ahora, repetir el sistema de subastas aplicado en 2018. La estrategia apunta a compras graduales en el mercado.
En cuanto al frente externo, en Economía minimizan el impacto de la revisión de febrero con el FMI, aunque reconocen que hoy las reservas se encuentran más de 10.000 millones de dólares por debajo de la meta acordada. En el Gobierno aseguran que los plazos “no apremian” y transmiten una confianza que, hacia afuera, todavía deberá ser validada por los mercados
