La Cámara Federal ordenó investigar cómo se obtuvieron los audios que desataron el escándalo.
El tribunal convalidó la investigación que avanza sobre presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones del área de Discapacidad. En paralelo, pidió esclarecer el “origen real de las grabaciones” atribuídas al entonces titular del organismo, señalando que su procedencia podría revelar nuevos delitos o la participación de terceros.
La decisión mantiene bajo la mira a la droguería involucrada y a sus directivos, al descartar un intento de cierre anticipado que cuestionaba la validez de los audios y sostenía que los hechos ya habían sido analizados en una causa anterior. Para los jueces, existen elementos suficientes que justifican profundizar la pesquisa, entre ellos documentación, movimientos administrativos y registros internos que podrían respaldar la hipótesis de pagos irregulares.
En el expediente se estudia si los audios fueron editados, manipulados o generados mediante herramientas digitales, pero el tribunal remarcó que “la causa no depende únicamente de esas grabaciones”. Con esto, la investigación queda habilitada a continuar su curso mientras se realiza una pericia detallada para determinar si se trató de espionaje, filtración ilegal o un intento deliberado de encubrir responsabilidades.
La resolución marca un punto de inflexión: el caso se mantiene abierto, se amplían las líneas de análisis y la Justicia busca determinar si existió un entramado de retornos, presiones y beneficios indebidos en un área altamente sensible del Estado.
