La Corte Suprema confirmó la validez constitucional de la reforma previsional de 2017.
La decisión del máximo tribunal marca un punto definitivo en el debate sobre el sistema previsional. Con ella, se despeja cualquier posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la fórmula aprobada en su momento y la forma en que se actualizaron las jubilaciones. De este modo, se ratifica que “es facultad del legislador definir el mecanismo de ajuste” y que los haberes calculados bajo esa norma “siguen siendo válidos”.
Este pronunciamiento pone fin a largos debates legales y a litigios que esperaban una reconsideración del cálculo inicial o de la movilidad. Muchos jubilados, que consideraban insistir con recursos en tribunales, verán ahora limitado ese camino. La claridad jurídica para el sistema previsional vuelve a imponerse.
Aunque la resolución no altera de inmediato los montos, reconfigura el marco normativo y disipa el temor de quienes reclamaban una revisión retroactiva. Quienes defienden el fallo argumentan que aporta “seguridad jurídica” y permite planificar el presente con certezas. En cambio, quienes cuestionaban la reforma saben que deberán encontrar otras vías de reclamo.
El fallo llega en un contexto económico complejo, donde cualquier decisión sobre ingresos previsionales repercute sobre una población sensible. Para muchos, la confirmación judicial supone un cierre institucional; para otros, una nueva etapa en la pelea por mejorar jubilaciones.
