La vicepresidenta presentó dos apelaciones para frenar medidas judiciales.
Cristina Fernández de Kirchner apeló la ejecución de 20 propiedades ordenada por el juez Jorge Gorini en el marco del decomiso de la Causa Vialidad, que apunta a cubrir un monto estimado en $685.000 millones. Máximo y Florencia Kirchner acompañaron el planteo al considerar que la resolución implica un “perjuicio irreparable” sobre el patrimonio familiar.
En paralelo, la ex mandataria cuestionó las restricciones al régimen de visitas en su domicilio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. Sostuvo que limitar el ingreso de personas de confianza representa “una afectación a derechos básicos” y solicitó que la medida quede suspendida.
Ambas presentaciones buscan frenar el avance sobre los bienes y evitar nuevas limitaciones, mientras la Cámara analiza la resolución del magistrado.
