El Estado intensifica la presión por presuntas irregularidades económicas.
El Gobierno exige que la AFA “explique gastos por 111 millones de dólares” y reafirma que la entidad sigue bajo supervisión pese a sus intentos de cambiar su sede legal.
Según fuentes oficiales, la falta de aprobación de balances durante ocho años genera “un vacío de transparencia incompatible con una institución de esta magnitud”.
A esto se suman investigaciones por posibles maniobras de lavado de activos, con movimientos financieros externos y bienes vinculados a dirigentes que levantan sospechas.
La advertencia estatal es firme: la AFA deberá normalizar su situación documental y justificar cada gasto relevante, o enfrentará medidas más drásticas.
El conflicto reaviva el debate sobre la integridad en la gestión del fútbol argentino y expone tensiones que durante años permanecieron bajo la superficie.
Mientras avanza la revisión, el futuro institucional de la AFA queda marcado por la necesidad urgente de “aclarar cada peso y cada decisión”.
