Balada de tensiones internas y denuncias por deterioro en los espacios de memoria.
Luego de casi dos años de disputas con los organismos de derechos humanos y sin voluntad para seguir librando lo que describen como una “batalla cultural”, Alberto Baños decidió dar un paso al costado y renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei. Su salida deja abierto un capítulo clave en un área sacudida por recortes, conflictos políticos y acusaciones cruzadas.
Según fuentes oficiales, su reemplazante ya está definido y será anunciado este martes. La misión que recibirá no es menor: conducir la “nueva fase” de ajuste que impulsa Balcarce 50, orientada a reforzar “la defensa jurídica” del país en temas como libertad de prensa o represión en manifestaciones, y a marcar distancia de “las cajas” que el oficialismo les adjudica históricamente a los organismos de derechos humanos.
En paralelo, desde esos espacios denuncian que a la “hostilidad ideológica” que atribuyen al Gobierno se suma una reducción progresiva de fondos y un deterioro visible en los edificios y actividades vinculadas a la memoria del terrorismo de Estado, cuyo juicio histórico concluyó hace 40 años, el 9 de diciembre de 1985.
“Es evidente que no gozamos de su simpatía”, admitió con ironía un referente del sector. Conoce de cerca el desgaste cotidiano de Baños en su despacho de la ex ESMA, predio administrado por un ente tripartito donde conviven Nación, Ciudad y una docena de organismos como Abuelas, las dos vertientes de Madres de Plaza de Mayo e Hijos. Allí, las quejas por mantenimiento, presupuesto y dirección política se volvieron moneda corriente.
La salida del funcionario deja en evidencia un tablero cada vez más tenso, donde el Gobierno busca redefinir prioridades y los organismos alertan por un retroceso que consideran significativo.
