La reducción de retenciones genera alivio inmediato, pero también abre dudas sobre su efecto real en la economía.
La decisión del Gobierno de bajar los derechos de exportación impulsó expectativas en el agro, que ve en esta medida una oportunidad para recuperar competitividad y acelerar la liquidación de divisas. El sector destaca que “mejora el margen de ganancia y vuelve más rentable producir”, especialmente en un contexto donde los costos internos siguen elevados.
La baja también envía una señal clara a inversores y productores, que interpretan la medida como parte de un sendero de “menos impuestos y más previsibilidad”, algo que el campo reclama hace años. En el corto plazo, puede generar un ingreso adicional de dólares y activar eslabones clave como transporte, servicios e industria alimentaria.
Sin embargo, la decisión también tiene su contracara. La menor alícuota implica “menos recaudación inmediata para el Estado”, un punto sensible en un momento fiscal apretado. Economistas advierten que el efecto positivo puede ser acotado si la macroeconomía no acompaña, porque “la inflación y los costos dolarizados pueden comerse buena parte del beneficio”.
Otra preocupación es el impacto en los precios internos. Si ciertos cultivos se vuelcan más a la exportación por mayor rentabilidad, podría reducirse la oferta disponible en el mercado local y presionar valores, aunque la magnitud dependerá de cada cadena productiva.
En el sector coinciden en que el cambio es valorado, pero aclaran que su potencial pleno dependerá de que la medida se mantenga en el tiempo. “Sin reglas estables, el productor se vuelve conservador y frena inversiones”, remarcan desde entidades rurales.
La baja de retenciones aparece así como una señal política y económica fuerte, celebrada por el agro, pero acompañada por interrogantes sobre su impacto fiscal y sobre la capacidad del país para sostener un rumbo previsible durante los próximos meses.
