Un agregado en el proyecto generó fuerte tensión dentro del sindicalismo.
El nuevo texto de la reforma laboral incorporó una modificación inesperada que encendió alarmas en el gremio de Camioneros. La actividad de recolección de residuos fue declarada como “servicio esencial”, lo que obliga a garantizar “un mínimo del 75% del servicio incluso durante una huelga”.
Este punto altera uno de los principales mecanismos de presión del gremio, que históricamente recurrió a paros y bloqueos totales para impulsar reclamos. Ahora, cualquier interrupción plena del servicio será considerada una infracción grave y tendrá sanciones más severas.
El proyecto también incorpora la figura de “infracción muy grave” para quienes “organicen o instiguen bloqueos o tomas”, lo que amplía la responsabilidad directa sobre la conducción sindical.
Con estos cambios, el Gobierno busca acotar maniobras de fuerza y avanzar hacia un modelo laboral más estricto y previsible. En el entorno sindical lo leen como un recorte de poder que “afecta de lleno a uno de los gremios más influyentes del país”.
La discusión promete ser intensa cuando el proyecto llegue al recinto, donde este agregado de último momento ya se perfila como uno de los puntos más conflictivos.
