Jornadas más flexibles, menos costos por despido, períodos de prueba más largos y convenios por empresa: el paquete laboral del Gobierno que reabre una pelea de fondo con los sindicatos.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión política y social del país. El proyecto ya ingresó al Congreso y avanza en medio de fuertes tensiones, advertencias gremiales y negociaciones parlamentarias que anticipan un debate profundo y cargado de conflicto.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca “modernizar” el mercado de trabajo y combatir la informalidad, que sigue afectando a más de cuatro de cada diez trabajadores. El planteo central es reducir lo que definen como “rigideces” del sistema laboral para facilitar la contratación y atraer inversiones.
Entre los puntos más sensibles aparecen la flexibilización de las jornadas laborales, la prioridad de los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos, la extensión del período de prueba y los cambios en el régimen de indemnizaciones, con la posible creación de fondos de cese laboral. Para el Gobierno, estas medidas permitirían generar empleo formal; para los sindicatos, implican “una pérdida directa de derechos históricos”.
La reacción gremial fue inmediata. Las centrales obreras advirtieron que no convalidarán reformas que signifiquen retrocesos y alertaron sobre el impacto que podrían tener estas modificaciones en la estabilidad laboral y en la capacidad de negociación colectiva. El clima de confrontación volvió a instalarse tanto en la calle como en el Congreso.
Mientras tanto, el oficialismo busca capitalizar su nuevo escenario parlamentario para avanzar con el tratamiento del proyecto. La reforma laboral aparece así como una pieza clave del rumbo económico del Gobierno y, al mismo tiempo, como un punto de quiebre que vuelve a enfrentar dos modelos de país: uno basado en la flexibilización y otro anclado en la protección del trabajo.
