Un acuerdo extrajudicial entre el Sindicato de Petroleros y los profesionales investigados puso fin a una causa que reveló la facturación de operaciones quirúrgicas nunca realizadas a hijos de afiliados. La maniobra habría generado un perjuicio superior a los 200 millones de pesos.
La causa judicial que investigó una serie de estafas millonarias contra la obra social de los trabajadores petroleros llegó a su fin tras la firma de un acuerdo conciliatorio extrajudicial entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y los médicos involucrados. El entendimiento incluyó la restitución total de los fondos facturados de manera irregular, con intereses y costas, y derivó en la suspensión del avance penal por parte del Ministerio Público Fiscal.
El expediente cobró especial notoriedad por la gravedad de los hechos investigados. Entre los casos analizados figuró el de una niña, hija de afiliados petroleros, que, según la documentación médica, habría sido sometida a tres cirugías de urgencia en un lapso de apenas cuarenta minutos, sin estudios prequirúrgicos, y que incluso habría recibido el alta médica veinte minutos después. La investigación determinó que esas intervenciones nunca se realizaron.
El punto de quiebre de la maniobra surgió cuando, ante una consulta sobre la supuesta evolución postoperatoria de un niño, su padre respondió que el menor jamás había sido operado y que solo había sufrido un golpe. A partir de allí, el sindicato inició una auditoría interna exhaustiva que se extendió durante varios meses y permitió reconstruir un patrón sistemático de irregularidades.
Según se estableció, entre enero y junio de 2024 se facturaron al menos trece cirugías inexistentes, todas ellas atribuidas a niños y niñas, hijos de afiliados a la obra social OS.PE.RI. La auditoría detectó la ausencia total de consultas preanestésicas, internaciones pre y postquirúrgicas, controles posteriores, rehabilitación y documentación médica básica, además de graves inconsistencias en los partes quirúrgicos presentados. El perjuicio económico estimado superó los 200 millones de pesos.
La causa apuntó principalmente a un traumatólogo infantil y a un anestesista, señalados como responsables de haber montado un mecanismo de defraudación mediante la utilización de documentación médica falsa. Desde el sindicato, su secretario general, Marcelo Rucci, fue particularmente contundente al repudiar los hechos, al considerar que el uso de niños para consumar las estafas evidenció un nivel de desfachatez inadmisible.
En el marco de la investigación, el gremio también solicitó la ampliación de la imputación a dos médicas auditoras, una con sede en Allen y otra en la ciudad de Neuquén, a quienes se les atribuyó haber autorizado procedimientos inexistentes, en contradicción con toda práctica médica razonable. Para el sindicato, su aval resultó indispensable para que la maniobra pudiera concretarse. No obstante, con el acuerdo alcanzado, estas profesionales no serán judicializadas y fueron desvinculadas de sus funciones.
El Ministerio Público Fiscal reconstruyó el caso a partir de la denuncia presentada por la comisión directiva del sindicato en febrero de 2025. Tras recabar informes, tomar declaraciones y realizar allanamientos, la Fiscalía fue notificada de que la parte querellante había arribado a un acuerdo integral con los responsables, lo que motivó la aplicación de un criterio de oportunidad. Bajo ese encuadre, se consideró que el conflicto primario había sido plenamente reparado por la vía extrajudicial, habilitando el cierre de la causa y la restitución de los elementos secuestrados.
Desde el sindicato señalaron que el acuerdo no solo tuvo como objetivo recuperar la totalidad del dinero sustraído, sino también establecer límites claros hacia el futuro. Los profesionales involucrados no volverán a prestar servicios para la obra social, el sindicato, la mutual ni la ART, y se avanzó además en el compromiso de que las asociaciones profesionales adopten las medidas disciplinarias correspondientes.
La resolución del caso deja al descubierto un entramado de irregularidades de extrema gravedad, pero también marca una postura firme del gremio en defensa de los recursos de los trabajadores y de la integridad del sistema de salud, al priorizar la reparación del daño y la exclusión definitiva de quienes vulneraron la confianza depositada en su función profesional.
