A siete días del cierre del año, el Gobierno nacional mantiene sin distribuir más de $800.000 millones que estaban destinados a las provincias. La subejecución de los ATN se convirtió en una de las principales herramientas para sostener el resultado fiscal.
Históricamente, estos aportes tuvieron un uso discrecional, pero en 2025 la ejecución cayó a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Solo durante la pandemia se registró una distribución cercana a la totalidad del fondo.
El escenario actual anticipa un 2026 marcado por la tensión. Con menos recursos y mayor dependencia, las provincias enfrentan un ajuste que no fue votado en sus presupuestos, pero que impacta de lleno en sus finanzas.
A la incomodidad de los gobernadores se suma el malestar del propio Ejecutivo, que esperaba mayor respaldo legislativo tras administrar los fondos con criterio selectivo. El fracaso en blindar el Presupuesto dejó un clima de desconfianza mutua que amenaza con profundizar el conflicto entre Nación y provincias.
