El Gobierno nacional culmina el ejercicio con las cuentas en orden gracias a una fuerte subejecución de recursos destinados a las jurisdicciones. La estrategia fortalece el resultado fiscal, pero agrava el conflicto político con los gobernadores y expone límites en la negociación del Presupuesto.
Javier Milei cerrará el año exhibiendo un superávit sostenido que se apoya, en buena medida, en una decisión política de alto impacto federal: no girar a las provincias una porción significativa de los fondos que les corresponden. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento creado para asistir a las jurisdicciones frente a emergencias y desequilibrios financieros, cuya subejecución se convirtió en una de las claves del resultado fiscal que el Ejecutivo muestra como principal logro de gestión.
Durante 2025, la Nación ejecutó apenas el 20% del total disponible de ATN. De un fondo que superaba el billón de pesos, solo se transfirieron alrededor de $198.000 millones, dejando sin distribuir más de $800.000 millones a pocos días del cierre del ejercicio fiscal. La decisión permitió reducir el gasto y reforzar el equilibrio de las cuentas públicas, en línea con la estrategia de ajuste que impulsa el Presidente desde el inicio de su mandato.
Sin embargo, el orden fiscal tuvo un costo político y económico que se siente con fuerza en el interior del país. Para muchas provincias, los ATN representan una herramienta clave para afrontar caídas de recaudación, contingencias climáticas o tensiones en el pago de salarios y servicios esenciales. La retención de esos recursos obligó a los gobiernos locales a recortar gastos, frenar obras públicas y administrar con mayor rigidez áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.
El malestar entre los gobernadores fue en aumento a lo largo del año y volvió a escalar en las últimas semanas, en pleno debate por el Presupuesto 2026. En ese contexto, los ATN reaparecieron como un elemento central de la negociación política. Desde las provincias se interpretó la subejecución no solo como una decisión económica, sino también como una señal de presión: la billetera nacional funcionando como herramienta para disciplinar apoyos y condicionar votos en el Congreso.
La tensión no se limitó a las jurisdicciones. En la Casa Rosada también creció el enojo al comprobar que, aun utilizando el control de los fondos como mecanismo de negociación, el Gobierno no logró blindar el Presupuesto con la solidez que pretendía. Las dificultades para construir mayorías dejaron expuesta una debilidad política que contrasta con la fortaleza que el oficialismo exhibe en el plano fiscal.
Así, el cierre del año encuentra a la administración de Milei con un superávit que refuerza su discurso de austeridad y control del gasto, pero también con un frente abierto con las provincias y un escenario legislativo complejo hacia adelante. El equilibrio de las cuentas públicas aparece, una vez más, atravesado por el debate de fondo sobre el federalismo fiscal y el reparto de recursos en un país donde la estabilidad nacional suele sostenerse sobre las espaldas de las economías provinciales.
