Preocupación institucional por la falta de información oficial sobre la presencia del jefe comunal y el cumplimiento de la normativa vigente.
Río Gallegos atraviesa una situación institucional delicada que no puede ser minimizada ni naturalizada. La falta de información clara y oficial respecto a la presencia del intendente Pablo Grasso en la ciudad o incluso en el territorio provincial ha encendido alertas en distintos ámbitos, no por una disputa política, sino por el impacto directo que esta indefinición tiene sobre el funcionamiento regular del Municipio y la validez de los actos de gobierno.
Al día de hoy, no se encuentra debidamente acreditado si el Intendente está cumpliendo funciones de manera presencial en Río Gallegos o si se halla fuera de la provincia. Esta información fue requerida de forma formal, tal como lo establece la Ley N.º 55, Orgánica de las Municipalidades, que fija con claridad los procedimientos a seguir ante la ausencia del jefe comunal.
La normativa no admite interpretaciones discrecionales: cuando el Intendente se ausenta del territorio provincial, debe activarse de manera automática el mecanismo de subrogancia a cargo de quien preside el Honorable Concejo Deliberante. Este paso no es una formalidad menor, sino una garantía institucional destinada a asegurar la continuidad administrativa, la legalidad de las decisiones y el normal desenvolvimiento del gobierno municipal.
Sin embargo, la falta de información fehaciente, sumada a versiones contradictorias y a la ausencia de una comunicación oficial clara, genera un vacío institucional que impacta de lleno en la gestión diaria. Este escenario no solo debilita la transparencia, sino que también pone en riesgo la legitimidad de los actos administrativos que se adopten en este contexto de incertidumbre.
El problema de fondo no es político ni partidario. Se trata, esencialmente, de una cuestión de respeto por la ley, por las instituciones y por los vecinos de Río Gallegos, que tienen derecho a saber quién conduce efectivamente el Municipio y bajo qué marco legal se toman las decisiones que los afectan.
Río Gallegos necesita autoridades plenamente en funciones, con presencia real, responsabilidad institucional y un apego estricto al marco legal vigente. Gobernar no es ejercer el poder de manera personal ni discrecional, sino cumplir con las normas que ordenan la vida democrática y garantizan la previsibilidad institucional. En ese camino, la transparencia no es una opción: es una obligación.
