CUANDO ERA PARA FRENAR, HUBO CAUTELAR.
CUANDO ES PARA COBRAR, EL SILENCIO ES SALUD
La coherencia no es un requisito formal, pero en el sindicalismo judicial de Santa Cruz empieza a ser una ausencia demasiado evidente. Franco Mascheroni, titular del gremio judicial, supo actuar con rapidez cuando presentó una medida cautelar contra el nuevo armado del Tribunal Superior de Justicia con nueve miembros, advirtiendo que esa decisión comprometía recursos que la provincia no tenía.
En aquel momento, el mensaje fue categórico:
no había plata,
el gasto era excesivo,
el esquema era inviable.
Hubo cautelar, hubo alarma y hubo protagonismo gremial.
Hoy el escenario es otro. El Tribunal Superior de Justicia resolvió autoaumentarse los sueldos y llevar a que un solo vocal cobre hasta $24.000.000 mensuales, el equivalente a 72 salarios mínimos. Un número obsceno, imposible de justificar en una provincia con salarios deteriorados, municipios en crisis y una realidad social cada vez más compleja.
Frente a este escándalo, Mascheroni guarda silencio.
No hay cautelar.
No hay comunicado.
No hay advertencias presupuestarias.
Si antes no había recursos para ampliar el Tribunal, ¿cómo se explica que ahora sí haya recursos para aumentos millonarios? ¿Apareció mágicamente el dinero o el problema nunca fue la plata, sino a quién había que enfrentar?
El contraste deja expuesta una doble vara imposible de disimular.
Cuando se trató de frenar una decisión institucional, hubo acción.
Cuando se trata de sueldos obscenos para la cúpula judicial, hay silencio cómplice.
En los hechos, Franco Mascheroni termina siendo funcional a la justicia kirchnerista, la misma que durante años no vio —o eligió no ver— el saqueo obsceno de Santa Cruz, el vaciamiento del Estado, el deterioro de la Caja de Previsión y un sistema de impunidad que le dio la espalda a la sociedad. Esa justicia que no encontró responsabilidades en el pasado, sí encuentra consenso cuando se trata de garantizarse privilegios.
