La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de fijar salarios equivalentes a 72 salarios mínimos para sus vocales generó un fuerte malestar en el Gobierno provincial y reabrió el debate sobre prioridades y responsabilidad institucional en un contexto de crisis.
El gobernador Claudio Vidal se expresó públicamente sobre el tema en la red social X, donde cuestionó los aumentos definidos por el máximo órgano judicial y marcó la falta de sintonía con la realidad económica que atraviesa la provincia.
La medida contempla incrementos acumulativos durante 2026 que, según los valores conocidos, superan los siete millones de pesos por vocal, llevando los salarios del tribunal a niveles inéditos dentro de la administración pública.
Desde el Ejecutivo provincial advierten que la decisión envía un mensaje negativo a la sociedad, en un escenario de salarios estatales deteriorados, municipios en emergencia y paritarias ajustadas para la mayoría de los trabajadores.
El debate trasciende lo presupuestario y se instala en el plano institucional: mientras el Gobierno reclama austeridad y esfuerzo compartido, el Poder Judicial avanza con una política salarial que profundiza la brecha dentro del Estado y tensiona la confianza pública en tiempos de crisis.
