Endeudamiento sin límites, fondos futuros comprometidos y una estructura política inflada marcan el cierre de una gestión que deja más problemas que soluciones.
La gestión municipal encabezada por Pablo Grasso atraviesa su momento más crítico. Con un Municipio financieramente asfixiado, sin margen operativo y con crecientes dificultades para sostener sus obligaciones básicas, el intendente parece haber optado por una salida conocida: endeudar hoy y que pague la próxima gestión. El Presupuesto Municipal 2026 expone con crudeza el resultado de años de mala administración y decisiones políticas que ahora buscan ser trasladadas al futuro.
Este escenario no aparece de manera aislada. En intervenciones públicas recientes y en distintos videos difundidos en redes, el propio Grasso dejó entrever que su ciclo al frente del Municipio de Río Gallegos estaría cumplido, hablando de etapas cerradas y de nuevos rumbos personales y políticos. Esa narrativa cobra hoy un nuevo sentido cuando se observa el contenido del Presupuesto 2026 y el nivel de compromisos que se intentan asumir a largo plazo.
El proyecto de Presupuesto Municipal 2026, que será tratado en sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, incluye un pedido de facultades financieras extraordinarias para el Departamento Ejecutivo. El punto más alarmante es la autorización para contraer deuda por un monto equivalente a hasta cuatro masas salariales brutas, una cifra que dimensiona la gravedad del desorden económico que atraviesa el Municipio.
La iniciativa habilita al Ejecutivo a acceder a créditos bancarios, contratos de leasing y distintos esquemas de financiamiento con entidades públicas o privadas, tanto a nivel provincial como nacional. Incluso se contempla la posibilidad de recurrir a sobregiros bancarios para afrontar el pago de salarios, un mecanismo extremo que deja al descubierto la fragilidad de las cuentas municipales y la falta de previsión en la administración de los recursos.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la autorización para utilizar la coparticipación como garantía de endeudamiento, permitiendo descuentos automáticos antes de que los fondos ingresen a las arcas municipales. En los hechos, esto implica comprometer recursos futuros y condicionar a las próximas gestiones, reduciendo su capacidad de decisión y maniobra financiera.
A esto se suma la posibilidad de usar, de manera transitoria, fondos provenientes de cuentas especiales que tienen destinos específicos, profundizando la discrecionalidad en el manejo del dinero público y diluyendo los controles sobre su aplicación. No se fijan límites claros ni se establecen planes concretos de saneamiento o reducción del gasto que acompañen semejante pedido de facultades.
El escenario se vuelve aún más contradictorio cuando se observa que el mismo presupuesto prevé una estructura municipal con 605 cargos políticos. Mientras se solicita endeudamiento para cubrir gastos corrientes y garantizar el funcionamiento mínimo del Municipio, se sostiene un esquema jerárquico sobredimensionado que incrementa el gasto político y evidencia la falta de voluntad para ordenar la administración interna.
En este contexto, las facultades solicitadas configuran un verdadero cheque en blanco financiero. No hay un programa serio de ajuste, no hay señales de austeridad y no hay explicaciones convincentes sobre cómo se llegó a esta situación. Lo que sí queda claro es una gestión que ya no piensa en el largo plazo del Municipio, sino en cerrar su ciclo trasladando los costos al futuro.
El debate en el Concejo Deliberante será determinante. Los concejales deberán decidir si avalan este esquema de endeudamiento sin restricciones o si asumen la responsabilidad de poner límites antes de comprometer el futuro económico del Municipio.
En paralelo, durante la misma jornada se debatirá la actualización de la escala del Impuesto Patente Automotor 2026, una medida que impactará directamente en el bolsillo de los vecinos y que aparece como otro intento de cubrir, con más presión fiscal, los efectos de una administración que agotó los recursos sin resolver los problemas de fondo.
El Presupuesto 2026 no solo proyecta números: expone el final de un modelo de gestión. Un Municipio fundido, endeudado y condicionado, con un intendente que ya dio señales de haber cerrado su etapa en Río Gallegos y que gobierna más pensando en su salida que en el presente de los vecinos.
