El cierre definitivo de Fate no solo generó impacto en el plano industrial y laboral, sino que también desató un fuerte malestar dentro del Gobierno nacional. En la Casa Rosada consideran llamativo el momento elegido por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa e integrante del denominado “círculo rojo” empresario, para comunicar el cese de actividades, ya que coincidió con la previa del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y con la convocatoria de un paro sindical.
Desde el entorno presidencial se habló de una “coincidencia sospechosa” y se puso el foco en el timing del anuncio. El propio presidente Javier Milei dejó entrever su incomodidad con un mensaje en redes sociales que alimentó las especulaciones políticas. La lectura interna es que la noticia del cierre, que implica el despido de más de 900 trabajadores, se conoció en un momento sensible para la agenda oficial, donde la reforma laboral es uno de los ejes centrales.
Tras una reunión en la Quinta de Olivos entre Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se resolvió impulsar una conciliación obligatoria entre la empresa y el sindicato del neumático con el objetivo de postergar el cierre por algunos días. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que la medida difícilmente revierta la decisión de fondo y que, en el mejor de los casos, solo dilataría el proceso.
En paralelo, se conoció que Aluar —también controlada por Madanes Quintanilla— avanzó en la compra de parte de los terrenos de la planta de San Fernando, lo que reforzó la percepción en el Gobierno de que la determinación empresarial ya estaba tomada. La tensión reavivó el histórico cruce entre la administración libertaria y sectores del empresariado tradicional, sumando un nuevo capítulo a la relación conflictiva entre la política y el llamado círculo rojo.
