Incluye ahorros en dólares, propiedades y otros bienes bajo “ingresos propios”.
Un informe difundido en las últimas horas volvió a poner en debate la declaración jurada patrimonial del diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, donde se expone un patrimonio que supera los 611 millones de pesos según los valores declarados oficialmente.
De acuerdo a la documentación analizada, el legislador informó poseer importantes depósitos bancarios, entre los que se destacan una cuenta corriente y varias cajas de ahorro en pesos, junto a una caja de ahorro en dólares con un saldo de U$S 330.338, cifra que, al valor actual, equivale a aproximadamente 470 millones de pesos.
En total, los fondos líquidos declarados por Molina ascienden a más de $483 millones, lo que representa una porción significativa de su patrimonio total.
A esto se suma un conjunto de bienes inmuebles que integran su declaración jurada, entre los que figuran:
Una vivienda en San Vicente adquirida en 2009
Un lote en la misma localidad
Dos departamentos con cochera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporados en 2017
Además, el diputado declaró la posesión de un vehículo Ford Bronco Sport modelo 2021, también registrado como parte de su patrimonio personal.
El total de bienes, depósitos y dinero declarado alcanza los $611.182.916,84. Sin embargo, el informe advierte que estos valores corresponden a valuaciones fiscales o de origen, lo que implica que el valor real de mercado podría ser considerablemente mayor, especialmente en el caso de los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, especialistas señalan que las declaraciones juradas suelen subestimar el valor real de las propiedades, ya que no reflejan el precio actualizado del mercado inmobiliario, lo que podría elevar aún más la magnitud del patrimonio.
Otro de los puntos centrales del análisis está vinculado al origen de los fondos. Según la declaración, todos los bienes y activos fueron registrados bajo la categoría de “ingresos propios”, sin que se consignen herencias, donaciones u otras fuentes de financiamiento.
Este aspecto es uno de los que genera mayores interrogantes, ya que el documento no detalla con precisión cómo se generaron los ingresos que permitieron alcanzar este nivel de acumulación patrimonial.
Asimismo, el informe detecta posibles inconsistencias en la carga de datos, particularmente en el apartado laboral, donde se superponen funciones del ámbito público y privado en una misma línea, lo que podría constituir un error relevante en un documento oficial.
También se advierte que algunos montos no estarían correctamente integrados en los totales declarados, lo que abre dudas sobre la exactitud general de la presentación.
Otro dato llamativo es la ausencia total de deudas declaradas, tanto al inicio como al cierre del período, lo que indicaría que todo el patrimonio fue construido sin financiamiento externo, es decir, sin créditos ni obligaciones pendientes.
En paralelo, el análisis pone el foco en la relación entre su actividad pública, su rol dentro de una fundación y la magnitud del patrimonio acumulado, planteando interrogantes sobre la coherencia entre su trayectoria y los recursos declarados.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de revisión de declaraciones juradas de funcionarios públicos, donde distintos informes vienen señalando la necesidad de mayor rigurosidad, control y transparencia en la presentación de datos patrimoniales.
Por el momento, no se registraron respuestas oficiales por parte del diputado Juan Carlos Molina respecto a los puntos señalados en el informe.
La difusión de estos datos reaviva el debate sobre la transparencia en la función pública y la importancia de garantizar mecanismos de control efectivos que permitan a la sociedad acceder a información clara y precisa sobre el patrimonio de sus representantes.
