La Justicia investiga su patrimonio y posibles inconsistencias en sus declaraciones.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa judicial que investiga un presunto incremento desproporcionado de su patrimonio en relación con sus ingresos declarados como funcionario público.
La medida fue impulsada a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se señalan posibles discrepancias en las declaraciones juradas del funcionario. A partir de esta presentación, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo un total de 12 medidas de prueba para avanzar en la investigación.
El objetivo es analizar la evolución patrimonial de Adorni desde el año 2022 y determinar si existen bienes no declarados o inconsistencias en la información presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Entre los puntos bajo análisis se encuentran activos financieros, posibles depósitos en el exterior y fondos que habrían sido justificados como “préstamos familiares”. La fiscalía buscará establecer si estos movimientos tienen respaldo documental y si se ajustan a la normativa vigente.
Además, se revisarán tanto las declaraciones patrimoniales públicas como las privadas presentadas en los últimos años, con el fin de detectar posibles irregularidades.
Dentro de las medidas ordenadas, se solicitaron informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires sobre un lote ubicado en un country, presuntamente vinculado al funcionario o a su entorno familiar. También se investigarán bienes a nombre de allegados y personas que figuran como prestamistas.
Otro eje de la causa apunta a posibles viajes financiados por terceros, así como a la existencia de propiedades que no habrían sido declaradas oficialmente.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y busca determinar si existen elementos que configuren algún tipo de delito vinculado al patrimonio del funcionario.
