Buscan revertir la cautelar que frenó artículos clave de la ley.
El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que dispuso la suspensión de varios artículos de la reforma laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que la apelación se llevará adelante con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco de la estrategia judicial del Ejecutivo para sostener la vigencia de la norma.
Desde la cartera rechazaron la resolución y cuestionaron a los sectores que promovieron la medida. “Pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, señalaron en un comunicado oficial.
El fallo judicial tiene carácter cautelar, por lo que la suspensión de los artículos es provisoria y se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del planteo presentado por la CGT.
Según la resolución, el objetivo de la medida es evitar posibles consecuencias sobre las relaciones laborales que podrían resultar difíciles de revertir en caso de que la ley se aplique antes de una sentencia definitiva.
Por su parte, el Gobierno sostuvo que la reforma laboral fue aprobada por el Congreso y constituye una herramienta clave para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad del país.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la ley, al considerar que responde a una amplia mayoría legislativa.
La apelación representa un nuevo capítulo en la disputa judicial en torno a la reforma laboral, en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores sindicales, que cuestionan distintos puntos de la normativa por considerar que afectan derechos laborales.
Se espera que en las próximas semanas haya definiciones sobre el futuro de la cautelar y el avance del proceso judicial, que será clave para determinar el alcance final de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
