El Gobierno porteño reclama a la Provincia el pago por la asistencia a bonaerenses en la Ciudad y apunta a una normativa que fija responsabilidades jurisdiccionales.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó un reclamo formal contra la Provincia de Buenos Aires por los costos derivados de la atención a personas en situación de calle que residen en territorio bonaerense. La cifra exigida asciende a $27.000 millones y se fundamenta en un cambio legal reciente que establece que las provincias deben hacerse cargo de la asistencia de sus habitantes en situación vulnerable.
Desde la administración porteña explicaron que la Ciudad sostiene un sistema de contención compuesto por 61 Centros de Inclusión Social que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Allí se brinda atención integral que incluye alimentación, servicios de higiene, asistencia psicológica y acompañamiento social.
En ese contexto, señalaron que una parte considerable de las personas asistidas proviene de la Provincia de Buenos Aires, lo que implica un gasto significativo que actualmente es cubierto con fondos porteños. Según los datos difundidos, este esquema genera un impacto sostenido sobre el presupuesto local y, al mismo tiempo, un ahorro indirecto para la administración bonaerense.
El reclamo se apoya en la normativa vigente que regula los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo, modificada recientemente para establecer que la responsabilidad inmediata de la asistencia recae sobre las provincias según el domicilio de las personas afectadas.
Desde la Ciudad sostuvieron que la situación actual produce un desequilibrio en la distribución de los recursos públicos, ya que los costos de una problemática interjurisdiccional recaen de manera desproporcionada sobre un solo distrito. En ese sentido, remarcaron la necesidad de que la Provincia asuma su rol y cumpla con las obligaciones que le corresponden.
La solicitud incluye la transferencia inmediata de los fondos reclamados, así como también el compromiso de cubrir los costos futuros que se generen por la asistencia a personas en situación de calle provenientes del territorio bonaerense.
