El Tesoro nacional deberá desembolsar una suma récord en concepto de capital e intereses de bonos reestructurados. Aunque el Ejecutivo asegura contar con los fondos necesarios, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad financiera en el segundo semestre.
El próximo 9 de julio, Argentina enfrentará el mayor vencimiento de deuda externa del año, al tener que abonar aproximadamente US$ 4.300 millones correspondientes a bonos soberanos reestructurados en 2020, conocidos como Bonares y Globales. Este compromiso representa una prueba clave para la estrategia financiera del Gobierno de Javier Milei.
Para cumplir con esta obligación, el Ministerio de Economía ha implementado diversas medidas. Entre ellas, destaca la colocación de un bono en pesos suscripto por inversores extranjeros, lo que permitió al Tesoro acumular cerca de US$ 1.000 millones adicionales en su cuenta en dólares en el Banco Central. Estos fondos se suman a los US$ 3.040 millones que ya se encontraban disponibles, acercándose así a la suma necesaria para el pago.
A pesar de estos esfuerzos, el Gobierno continúa sin acceso pleno a los mercados internacionales debido a un riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos básicos. Esta situación obliga al Ejecutivo a depender de recursos propios y de operaciones financieras específicas para afrontar sus compromisos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha expresado confianza en la capacidad del país para cumplir con este pago, señalando que se han tomado las previsiones necesarias para evitar sobresaltos. Sin embargo, analistas económicos advierten sobre la necesidad de mantener una política fiscal prudente y de continuar fortaleciendo las reservas internacionales para enfrentar futuros vencimientos.
El cumplimiento de este pago será observado de cerca por los mercados y organismos internacionales, ya que servirá como indicador de la estabilidad financiera del país y de su compromiso con las obligaciones externas. Un desempeño positivo podría mejorar la percepción de riesgo y facilitar futuras negociaciones de deuda o acuerdos financieros.
En resumen, el próximo 9 de julio, Argentina se enfrenta a un desafío financiero significativo. El éxito en el cumplimiento de este vencimiento dependerá de la efectividad de las medidas adoptadas y de la capacidad del Gobierno para gestionar sus recursos en un contexto económico complejo.
