La conducción del gremio estatal lanzó duras críticas y anticipó medidas de fuerza inminentes.
La Asociación Trabajadores del Estado elevó la tensión política tras conocer el plan del Gobierno de avanzar con un recorte del 10 % de la planta estatal durante 2026. La medida, según estimaciones internas, implicaría alrededor de 28.000 despidos en organismos nacionales y generó una reacción inmediata dentro del sindicato.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó al ministro encargado del proyecto como “un siniestro que viene por nosotros”, acusándolo de encabezar una ofensiva directa contra el empleo público. En respuesta, advirtió que “los estatales también vamos por él”, marcando una escalada verbal pocas veces vista en los últimos años.
Desde el gremio exigen la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y rechazan lo que consideran “un ajuste ideológico” que no busca eficiencia, sino debilitar al Estado y entregarlo a intereses privados. Afirman que el supuesto ahorro es una excusa y denuncian que “quieren moldear un Estado al servicio de grandes grupos económicos”.
ATE comenzó a evaluar medidas de fuerza y no descarta adelantar el paro nacional originalmente previsto para cuando se trate la reforma laboral. También analizan movilizaciones sorpresivas en diversos organismos públicos si no hay respuesta oficial.
El conflicto escala día a día y todo indica que diciembre podría convertirse en el escenario de una fuerte disputa entre el Gobierno y los trabajadores estatales.
