En el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el Ejecutivo eliminó la obligación de justificar el origen de fondos para operaciones inmobiliarias de hasta US$198.000, depósitos bancarios de hasta US$85.000 y transferencias de hasta US$43.000.
El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, implementó una serie de medidas destinadas a incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero formal. A través de un decreto presidencial, se flexibilizaron los controles fiscales, permitiendo que particulares utilicen estos fondos sin necesidad de justificar su origen en operaciones como la compra de inmuebles, vehículos o depósitos bancarios.
Desde el 1 de julio, las transferencias bancarias inferiores a US$43.000 y los depósitos a plazo de hasta US$85.000 no requerirán justificación de fondos. Asimismo, se elevó el umbral para la compra de inmuebles sin necesidad de justificar el origen de los fondos a US$198.000.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, presentó la iniciativa como un respeto al derecho de los ciudadanos sobre su dinero, afirmando que “tus dólares, tu decisión”. El plan, denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, busca atraer al circuito formal los dólares que los ciudadanos mantienen fuera del sistema bancario.
Se estima que estos fondos ascienden a aproximadamente US$270.000 millones, equivalentes al 45% del Producto Interno Bruto del país y siete veces las reservas del Banco Central. El Gobierno considera que estos ahorros en negro podrían ser fundamentales para sostener el crecimiento económico mientras se controla la inflación sin emisión monetaria.
Sin embargo, expertos han expresado preocupaciones sobre el potencial riesgo de lavado de dinero y la falta de filtros en la normativa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que cualquier medida debe alinearse con compromisos de transparencia y normas antilavado asumidas por Argentina.
El Gobierno planea implementar estas medidas en dos fases: la primera mediante decretos ejecutivos y la segunda a través de un proyecto de ley que será presentado al Congreso, con el objetivo de consolidar un marco legal que respalde estas reformas.
Con estas acciones, la administración busca fortalecer las reservas del Banco Central y estabilizar la economía, promoviendo la confianza en el sistema financiero argentino.
