En un escenario económico complejo para la provincia de Santa Cruz, marcado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios estatales, municipios en situación de emergencia y una creciente incertidumbre social, el Tribunal Superior de Justicia resolvió avanzar con una recomposición salarial para sus integrantes que se ubica por encima de la inflación.
La decisión establece incrementos acumulativos a lo largo de 2026 que impactarán de manera directa en los haberes de los vocales del máximo órgano judicial provincial. Según los valores conocidos, cada uno de ellos percibirá aumentos superiores a los siete millones de pesos, llevando sus salarios a niveles inéditos dentro de la administración pública santacruceña.
Para dimensionar el alcance de la medida, el salario mensual de un vocal del Tribunal Superior de Justicia pasará a equivaler aproximadamente a 72 salarios mínimos nacionales. La comparación expone con claridad la brecha existente entre la cúpula del Poder Judicial y la realidad económica que atraviesa la mayoría de los trabajadores de la provincia.
El contraste se vuelve aún más evidente si se observa el panorama general del sector público. Mientras docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados municipales continúan negociando paritarias ajustadas y, en muchos casos, por debajo de la inflación, el máximo tribunal define incrementos salariales muy superiores al promedio del Estado, sin instancias visibles de debate público ni explicaciones institucionales de fondo.
La resolución se produce en un contexto en el que amplios sectores sociales reclaman austeridad, responsabilidad fiscal y sensibilidad frente a la crisis. En ese marco, la política salarial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia reabre un debate profundo sobre los privilegios estructurales dentro del Estado y la necesidad de mayor equidad en el uso de los recursos públicos.
La discusión trasciende lo estrictamente presupuestario y se instala en el plano político, ético e institucional. Decisiones de este tipo tensionan la legitimidad del Poder Judicial y afectan la confianza pública, en una provincia donde gran parte de la sociedad enfrenta dificultades crecientes para sostener su nivel de vida.
