En Río Gallegos hay funcionarios que parecen haber confundido la gestión pública con un sketch de redes sociales. Mientras trabajadores municipales reclaman herramientas básicas para poder cumplir con su tarea diaria, hay quienes cobran un sueldo del Estado para hacer videos burlándose del gobernador Claudio Vidal.
Ese es el caso de Gabriel Pérez, director de la Casa de la Juventud, un área que debería estar dedicada a generar oportunidades, contención y políticas reales para los jóvenes, pero que hoy parece funcionar como una usina de provocaciones políticas.
Los recursos municipales, que deberían destinarse a programas, actividades y acompañamiento concreto, se utilizan para producir contenidos sobreactuados y virales con tono de burla, dirigidos incluso contra el gobernador. Todo esto bajo la órbita del intendente Pablo Grasso, quien no solo avala este tipo de prácticas, sino que luego —de manera contradictoria— reclama diálogo institucional.
La escena se repite: primero la burla, después el pedido de audiencia.
Primero el acting, después el discurso de victimización.
Mientras tanto, empleados municipales siguen reclamando lo elemental: indumentaria, equipamiento, herramientas de trabajo en áreas clave como forestación, servicios y sectores completamente abandonados. Para ellos no hay tiempo ni presupuesto; para los videos políticos, sí.
Esto no es humor ni creatividad: es una falta de respeto institucional y un uso cuestionable de los recursos públicos. El Estado no está para financiar provocaciones mediáticas ni operaciones de redes sociales. Está para gestionar, resolver problemas y dar respuestas.
Cuando la política se convierte en show, los que pagan el costo son siempre los mismos: los trabajadores y los vecinos.
Y cuando se pierde el respeto por las instituciones, lo que se degrada no es una figura política, sino la función pública en su conjunto.
Menos burla. Más gestión.
Menos videos. Más responsabilidad.
Menos acting. Más respeto institucional.
