La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC aceleró la decisión oficial de suspender la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación. El Ejecutivo optó por mantener la canasta de 2004 y dejar en pausa la actualización prevista para enero, ante el temor de que un cambio en los ponderadores mostrara un índice más alto y afectara el proceso de desaceleración de precios.
Según estimaciones privadas, con la nueva canasta basada en hábitos de consumo 2017-2018, la inflación del año pasado hubiera sido de 33,6% en lugar del 31,5% oficial. El principal cambio es un mayor peso de los servicios y una menor incidencia de los bienes.
Entre los rubros que hubieran ganado relevancia aparecen alquileres, combustibles y tarifas de servicios públicos, mientras que alimentos, indumentaria y restaurantes perderían participación dentro del índice. Economistas señalaron que una alternativa hubiera sido publicar ambas series en paralelo para evitar suspicacias, pero el Gobierno descartó esa opción.
Por ahora, la postergación no generó un impacto inmediato en los mercados, aunque se espera que pueda influir en los bonos atados a inflación en las próximas semanas.
