La empresa estatal solicitó formalmente al intendente Pablo Grasso que identifique a dos funcionarios municipales que suscribieron un acta administrativa sin aclarar identidad ni función. La irregularidad fue advertida tras una presentación vinculada a la comercialización de productos provinciales y podría derivar en acciones legales.
La empresa Santa Cruz Puede S.A.U. intimó formalmente al Municipio de Río Gallegos para que identifique a dos funcionarios que firmaron un acta administrativa sin consignar nombre completo ni cargo. La intimación fue dirigida al intendente Pablo Grasso y plantea una situación que, según se advirtió, impide establecer responsabilidades sobre decisiones administrativas que impactan de manera directa en la comunidad.
La presentación fue realizada mediante carta documento por el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sivori, luego de detectarse que, en un acta administrativa suscripta por cinco personas, dos de las rúbricas carecen de cualquier tipo de identificación. La omisión no sólo impide conocer quiénes intervinieron formalmente en el procedimiento, sino que además vulnera principios básicos de la administración pública, como la transparencia y la trazabilidad de los actos de gobierno.
El planteo se produjo pocas horas después de que se presentara públicamente la venta al público de productos elaborados por Santa Cruz Puede S.A.U. en un comercio local, una iniciativa que forma parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de la producción y el trabajo local. En ese contexto, la aparición de un acta con firmas sin nombre ni cargo encendió alertas dentro de la empresa estatal, que resolvió avanzar por las vías formales para esclarecer la situación.
Desde Santa Cruz Puede S.A.U. se sostuvo que cualquier acto administrativo debe permitir identificar con claridad a los funcionarios intervinientes, ya que sólo de ese modo es posible determinar responsabilidades, evaluar la legalidad de las decisiones y garantizar la protección del interés público. La falta de identificación, señalaron, no puede ser considerada un error menor, sino una irregularidad grave que debe ser corregida de inmediato.
La intimación enviada al Ejecutivo municipal exige que se informen de manera precisa los nombres completos y las funciones que desempeñan los dos agentes que firmaron el acta en cuestión. El objetivo es contar con los elementos necesarios para avanzar, si corresponde, con las acciones legales pertinentes y deslindar responsabilidades administrativas y políticas.
En ese marco, Sivori advirtió que los vecinos de Río Gallegos no pueden seguir pagando las consecuencias de prácticas administrativas deficientes o de decisiones tomadas sin asumir responsabilidades. Remarcó que la producción pública provincial, orientada a generar empleo y fortalecer la economía local, no puede verse afectada por conductas que se apartan de las normas básicas que rigen el funcionamiento del Estado.
“No vamos a permitir firmas anónimas ni decisiones revanchistas sin hacerse cargo. Cada acto debe tener responsables claros. Vamos a defender a los vecinos y la producción que genera trabajo para los santacruceños, y por eso estamos actuando legalmente contra quienes correspondan”, sostuvo Sivori, dejando en claro que la empresa avanzará hasta las últimas consecuencias para garantizar transparencia y legalidad.
La situación abre ahora un escenario de definiciones para el Municipio de Río Gallegos, que deberá responder formalmente a la intimación y aclarar quiénes fueron los funcionarios que intervinieron en el acta cuestionada. Mientras tanto, desde Santa Cruz Puede S.A.U. ratificaron su decisión de resguardar el interés público, defender la producción provincial y exigir que cada decisión administrativa esté debidamente respaldada por funcionarios identificables y responsables.
